Las interceptaciones de la Fiscalía en el caso del robo a las pensiones de los colombianos

La Fiscalía General de la Nación descubrió cómo, en Valledupar, 400 trabajadores accedieron a millonarias pensiones haciéndose pasar por enfermos mentales crónicos para cobrar fraudulentamente cuantiosas pólizas de invalidez.

Los miembros de la Junta Regional de Calificación subían la calificación requerida para reconocer a un empleado como inválido, a cambio de jugosas sumas de dinero que llegarían hasta los 200 millones de pesos.

Además de las 400 personas que lograron pensiones, otros 150 empleados estaban en trámite de pensión por invalidez por problemas mentales.

Se trataba de trabajadores de tres compañías mineras: Drummond, Prodeco y Cerrejón.

Según las autoridades la defraudación a las compañías aseguradoras fue superior a 100.000 millones de pesos, solo en la ciudad de Valledupar.

La W tuvo acceso a las interceptaciones hechas por la Fiscalía en medio de su  investigación por la millonaria defraudación.

En un primer audio, el médico de la Junta de Calificación por Invalidez, Eduardo Marugo, le específica a una de sus cómplices que llamarían “libros” al dinero que se le cobraba a los trabajadores.

Otro de los implicados en la estafa era Carlos Arturo Montero, integrante de la junta.

Yamile de Jesús Pérez Domínguez, psicóloga e integrante de la junta, fue la primera en aceptar cargos después de adelantada la audiencia de imputación de cargos.

En el siguiente audio, se deja en evidencia cómo se repartían el dinero e incluso cómo se robaban entre los mismos miembros de la empresa criminal.

En la siguiente interceptación, el intermediario Gian Carlos Miranda Isaza y el abogado Gilmar Silvero Linero hablan del modus operandi de la organización criminal.

Cuando iniciaron las investigaciones y pesquisas de la Fiscalía, los miembros de la empresa criminal se alertaron y buscaron ayudas en los despachos judiciales.

Teresa de Jesús de la Hoz Solano, calificadora de la empresa Colpensiones, fue una de las cómplices de esta organización delictiva.

En otra interceptación, el abogado Emili Said Baines sugiere adelantar el ilícito a través del nombre de uno de sus familiares.

En un último audio, que está en poder de las autoridades, se deja en evidencia cómo la organización se volvió internacional y lo felices que se encontraban los implicados con los resultados de la actividad ilícita.

El fraude llegó a tal punto que un trabajador de Drummond, con 36 años de edad, recibió una millonaria pensión vitalicia por invalidez a través de un diagnóstico médico de “cuadro recurrente de insomnio, sensación de persecución, trastornos depresivos e ideas suicidas”.

Se logró identificar un grupo de dos abogados, cuatro médicos, otra persona con estas dos profesiones, una psicóloga y dos intermediarios, ofrecían servicios para adelantar pensiones en Colpensiones y Fondos Privados a través de la certificación de invalidez por enfermedad común, la mayoría de ellos por problemas mentales. De esta manera, se les ofrecía la posibilidad de demostrar enfermedad permanente y así acceder a este beneficio, luego de allegar documentación falsa que, aparentemente, demostraría el hecho de no estar en su sano juicio o padecer otras enfermedades.

El objetivo de la defraudación no iba dirigido solo contra los fondos pensionales sino que también alcanzaba al sistema financiero.

Uno de los sistemas para lograr el pago a los abogados y otros profesionales que tramitaban la pensión ilegal a estas personas era pedirles que, antes de la declaratoria de problemas mentales o físicos, se acercaran a una institución bancaria para pedir créditos por altos montos. Una vez obtenían pensión por invalidez, cobraban el seguro y se les condonaban los créditos.