La historia detrás del contrato que tiene detenido al Gobernador de Antioquia

En 2005 se abrió la licitación por parte de la Gobernación de Antioquia para el contrato que buscaba el mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz, tramo La Cruzada – Caucasia. Sector Nuevo Oriente – Escarralao, por un valor inicial de 41.863 millones de pesos. 

Para ese proyecto se presentaron seis consorcios: Troncal la Paz, que lo conformaban los hermanos Carlos y Luis Solarte, importantes empresarios de la construcción en Colombia y hoy involucrados en el escándalo de Odebrecht; el consorcio Vías de Antioquia, del que hacían parte las empresa Inciequipos y Gisaico -la misma del Puente Chirajara-; el consorcio Nuevo Oriente; Constructores el Cóndor, Estyma y Consorcio CP. 

El contrato, como se sabe, se lo ganó el primer consorcio mencionado: el de Troncal de la Paz de los Solarte, tenía un plazo inicial de 26 meses, se firmó el 22 de diciembre de 2005 y el acta de inicio se suscribió el 14 de febrero de 2006. Hasta ahí todo iba bien con el proyecto, hasta que el 12 de diciembre de ese mismo año se hizo la primera adición. Se trató de un otrosí para asignar 2.100 millones de pesos adicionales al valor inicialmente pactado y entregado.

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Luego se hizo una ampliación del objeto contractual  para pavimentar otros tramos y por ende se adicionaron 3.995 millones de pesos más. Eso quiere decir que para ese momento el contrato ya no costaba 41 mil sino 46 mil millones de pesos. 

Sin embargo, el gran problema que hoy tiene en aprietos al gobernador Aníbal Gaviria – quien también fue gobernador desde 2004 hasta 2007- es que su equipo en la entidad territorial firmó un segundo otrosí (el 27 de diciembre de 2007) es decir 3 días antes de terminar su administración) en el que nuevamente se amplía el objeto contractual para incluir el diseño y la construcción del puente sobre el río Nechí en el sitio Palizadas, que sirve para conectar la cabecera del municipio de El Bagre con la Troncal de la Paz. Ese otrosí implicó una adición de 16.334 millones de pesos y una prórroga del plazo inicial de 22 meses quedando como nueva fecha de terminación el día 13 de febrero de 2010. 

En Sigue la W revisamos los documentos de la interventoría de este contrato realizada por la firma DIN – SEDIC y encontramos que después de varias modificaciones al proceso, la fecha de terminación definitiva del contrato quedó para el día 25 de junio de  2010 y no el 13 de marzo de 2008, como se había pactado inicialmente. En 2010 ya era gobernador el señor Luis Alfredo Ramos, a quien le tocó ejecutar el otrosí firmado por su antecesor. 

En esta acta de recibo definitivo de la interventoría, firmada en agosto de 2010,  se señala textualmente que: “las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo establecido y recibidas a satisfacción de la interventoría”.  Incluso, mencionan el estado de cada una de las obras que recibieron y específicamente sobre el puente Nechí establecieron que “se encuentra construido en su totalidad con infraestructura y superestructura terminados en un 100%. El acceso definitivo al municipio de El Bagre se encuentra pavimentado, con las obras de drenaje, contención, urbanismo y señalización, etc”. Esto quiere decir que no hubo incumplimientos. 

Por eso aseguran que el consorcio Troncal de la Paz entregó y la interventoría recibió a satisfacción las obras de este contrato. Además, según este documento conocido por Sigue la W, para ese momento se consideran cabalmente terminadas las obras del contrato, sus otrosíes y sus adiciones. 

Investigación al gobernador Gaviria

A pesar de eso, en octubre de 2011, es decir un año después, la Contraloría de Antioquia le envió un informe a la Fiscalía General de la Nación en el que puso en conocimiento unas supuestas irregularidades en la ejecución del contrato. Para esa fecha fungía como Contralor General de Antioquia el señor Jorge Rojas Otálvaro, quien había participado en la campaña electoral para Gobernador de Luis Alfredo Ramos para el periodo 2008-2011.

De hecho, según otro documento conocido por Sigue la W, este fue uno de los argumentos de la defensa de Aníbal Gaviria. Así lo expresó en una carta enviada en septiembre del 2019 a Jorge Hernán Díaz Soto, fiscal Primero Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, en la cual argumenta que hay un evidente origen político en la función desempeñada por Jorge Rojas Otálvaro como Contralor General de Antioquia para la época de los hechos que se investigan.

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Pero además, para la defensa de Gaviria causa curiosidad que ese informe de la Contraloría de Antioquia sea del 2011, es decir, cuatro años después de haberse suscrito el otrosí que es objeto de reparo por ese órgano de control. Eso a pesar de que el control fiscal que ejercer una entidad de control se hace respecto del año o periodo fiscal inmediatamente anterior. 

No es lo único. En la defensa del gobernador hay un testimonio del funcionario de la Contraloría quien suscribió el informe ante la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en donde asegura que dicho reporte no fue elaborado como producto de la auditoría que se realiza respecto de cada año a todas las entidades públicas del Departamento, ni fue ordenada dentro del Plan General de Auditoría.

Así, cuando se le preguntó por parte de la Fiscalía el motivo por el cual se había ordenado una auditoría especial respecto del contrato de la Troncal de la Paz y el posterior otrosí número 2, el señor Rodrigo Vélez Tobón manifestó lo siguiente: 

Ramiro Vélez: No lo sé decir, como lo dije antes, las auditorías especiales eran en su mayoría ordenadas por el Despacho del Contralor General de Antioquia y en algunos casos, había otras programadas . 

Y al preguntársele si sabía si esta auditoría estaba programada respondió: 

Ramiro Vélez: No recuerdo bien.

Más adelante, se le preguntó que si las auditorías se hacen sobre los recursos ejecutados o correspondientes al año inmediatamente anterior, por qué razón la auditoría a la que se ha venido haciendo referencia tuvo lugar tan solo hasta el 2011 cuando los recursos al menos del contrato adicional No. 2 fueron del año 2007, a lo que respondió: 

Ramiro Vélez: Como lo dije anteriormente, muchas de estas auditorías especiales eran ordenadas por el Despacho del señor Contralor General de Antioquia; no era el Contralor Auxiliar de Auditoría Integrada el facultado para tomar una decisión de hacer una auditoría simplemente conformaba el equipo de trabajo para ejecutar la auditoría especial ordenada por el Despacho del señor Contralor o que estuviera inmersa en el PGA. 

Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo

Pero hay más, el señor Mauricio Restrepo, entonces Secretario de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia en los años de Luis Alfredo Ramos, fue quien denunció también irregularidades y  la supuesta configuración de un delito porque, según él se desconoció el principio de planeación por no haberse realizado estudios previos a dicho otrosí. 

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No obstante, él fue quien ejecutó ese otrosí, quien recibió los estudios y diseños del puente, quien pactó los precios unitarios y las cantidades de obra, quien supervisó su ejecución, etc., argumentando que esto lo hizo partiendo del principio de la confianza y buena fe. 

La defensa de Aníbal Gaviria se pregunta entonces por qué sólo hasta el año 2019, cuando ya no tiene ninguna responsabilidad al respecto y cuando  Gaviria era candidato a la Gobernación de Antioquia, fue cuando evidenció la supuesta violación al principio de planeación y la configuración del tipo penal contenido en el artículo 410 del Código Penal.

Licitación u otro sí

Este contrato no lo firmó Aníbal Gaviria pero está involucrado por ser ordenador del gasto de la gobernación,  terminó costando más de 60 mil millones de pesos, y  el otrosí se cuestiona porque es un puente que no hacía parte de la obra principal, queda a 15 kilómetros de la Troncal de la Paz, y por ende no es claro si debió hacerse por medio de una licitación pública o si se podía hacer una simple adición. 

Sobre este tema habló Juan David Duque, profesor de contratación pública de la Universidad del Rosario. En este diálogo, Duque aseguró que el objetivo principal de esta obra era conectar dos puntos separados, por lo que, si se quiere modificar o adicionar un puente para conectar otro punto diferente a los estipulados, “puede llegar a violar el principio de planeación”.

Camilo Rojas, abogado experto en contratación pública, explicó a su vez que “el principio de planeación se puede verse lesionado al momento de adicionar una actividad diferente a la obra inicial. Estarían los elementos dados para poder señalar un elemento de responsabilidad por parte del encargado del contrato”.

Además, añadió que, en Colombia, existen dos modalidades de máxima culpa: “por no vigilar (la realización de la obra pública) o por no elegir bien a quien debe cumplir la función pública”.