La guerra que estalló en 2019 en los ríos de Bojayá en Colombia

Una guerra se camufla en los ríos que se encuentran bajo el espeso verde y el fresco aire de la selva del departamento del Chocó, en la zona rural del municipio de Bojayá, al noroccidente de Colombia.

Los ríos de Bojayá se han convertido, en 2019, en cauces de guerra donde se presentan enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otro grupo armado al que las poblaciones del lugar reconocen como paramilitares.

Algunas personas en la zona sostienen que el grupo paramilitar se trata del Clan del Golfo, mientras que otras afirman que son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Su nombre para las comunidades es indiferente. Saben que son hombres armados, la mayor parte del tiempo vestidos de civiles, que los desplazan de sus viviendas y los amenazan.

Cuando se refieren al ELN o a los paramilitares, los pobladores de Bojayá simplemente los llaman "ellos". Prefieren no nombrarlos, y cuando lo hacen se hace evidente el miedo en el tono de voz y la expresión del rostro.

Bojayá vuelve a tener miedo, similar al sufrido en mayo de 2002, tras la explosión de su iglesia en Bellavista durante un enfrentamiento entre paramilitares y la extinta guerrilla de las Farc en el que al menos 79 personas murieron.

Las comunidades locales coinciden en que pasaron al menos 15 años desde la última vez en la que en el municipio se presentó un desplazamiento forzado causado por la guerra, hasta este 2019.

“Nosotros estamos en una zona donde hay movilidad de drogas. Eso hace que este territorio lo peleen y sea apetitoso”, indican las autoridades locales para explicar el motivo de la guerra declarada que se tienen los dos actores armados a los que identifican como ELN y el Clan del Golfo.

Los enfrentamientos entre los dos grupos han generado que desde agosto pasado unas 10.000 personas de las comunidades indígenas y afros que viven en zona rural del municipio se encuentren confinadas o desplazadas, según datos de la Alcaldía de Bojayá. 

Algunos integrantes de la población también han sido amenazados. La Agencia Anadolu constató cuatro casos en los que familias enteras tuvieron que desplazarse en medio de señalamientos de los grupos armados de hacer parte de la organización armada enemiga.

Las acusaciones tienen motivos ínfimos, como haber visto al amenazado venderle comida a un hombre del grupo rival, o simplemente buscar cobrar una cuenta pendiente por algún producto.

“Uno ya no sabe. Si a uno un grupo le dice: véndeme pollo o cerdo, y uno dice que no, entonces ya a lo último lo obligan a vender. Y si uno vendió, ya el otro no lo quiere”, relató un indígena que tuvo que desplazarse junto a su familia hasta Bellavista, casco urbano de Bojayá, luego de ser amenazado. 

Otro hombre, afro y desplazado, cuenta que en su territorio tenía una tienda donde vendía cerveza y gaseosa, que no solo le generaba su propio sustento, sino que le permitía ayudar a otras personas de su comunidad. 

“Después, cuando llegaron, esos hombres comenzaron a pedirme las bebidas y no me las pagaban. Me fui a reclamar y me dijeron: Si sigues 'chimbiando' (molestando) con eso te metemos unos balazos”, afirmó el hombre, que ronda los 30 años y con evidente tristeza, que tuvo que desplazarse con su esposa e hija de cinco años luego de las amenazas y de que un primo suyo apareciera asesinado por causas que aún se desconocen, en julio pasado.

La víctima indicó que antes de que los paramilitares llegaran vivían en su comunidad 52 familias con más de 200 personas. “Luego de la muerte de mi primo, nos desplazamos casi todos”, aseguró. 

“Nos fuimos a Bellavista. Hay otras personas en Vigía del Fuerte. También hay desplazados que se fueron para Medellín”, indicó el hombre, quien prefiere que su nombre permanezca en el anonimato. Nadie en la zona está dispuesto a dar su nombre, ni el de su comunidad, ni el de los ríos en donde se ubican, por miedo a represalias.

Ninguna de las personas que narraron su situación de desplazamiento está dispuesta a regresar a su territorio. El temor a dejar expuestas a sus familias a un enfrentamiento es el principal motivo para evitar el retorno.

La situación durante las últimas semanas se ha recrudecido. Al menos cuatro personas han sido halladas muertas en los ríos desde agosto pasado. Dos casos ocurrieron a finales de noviembre. Las autoridades locales afirman, además, que dos de los muertos eran civiles.

“Asesinaron a un padre de familia de una estudiante aquí. La niña está en cuarto grado y se le dijo que el papá había ido al monte a hacer la agricultura y que le había caído un palo, para tratar de ocultarle lo que pasó”, indicó un docente del municipio de Bojayá.

El educador agregó que fue encontrado en un río. “Lo consiguieron ya descompuesto, no se le hizo ni velorio: apenas lo encontraron y lo enterraron. Era miembro activo de la comunidad y vivía en Bellavista”, mencionó. “Uno trata de no preguntar mucho ni de meterse en cosas en las que uno de pronto tenga riesgo”.

Una indígena afirmó que decidió salir de su comunidad e ir a Bellavista por el surgimiento de la violencia. Con un dominio básico del español, ella explica lo que les dijeron. “Nos amenazaron, dijeron: váyase a usted voy a matar. Paraco”. Entonces decidió irse con su familia.

“Yo vine con mis hijos, tengo dos mujeres y cinco hombres, nos vinimos con papá”, describió la mujer. Narró que ante el temor a quedar en medio de un enfrentamiento, no podía salir a pescar y empezaron a escasear los alimentos. “Hay miedo, no dormía, tenía miedo de que nos mataran”, relató.

El retorno es impensable, confiesa la mujer. “Con ese miedo quién va a regresar. Tengo preocupación de mis hijos”, dijo y alertó que hay familias que siguen en su comunidad, entre los ríos, en riesgo y pasando hambre. “Están comiendo poco, por eso los muchachitos están flaquitos”, describió.

Otro líder indígena desplazado aseguró que las que toman la decisión en las familias de desplazarse son las mujeres, porque son ellas las que suelen trabajar en la pesca y en los cultivos, y por lo tanto son las más expuestas a encontrarse con un actor armado o una mina enterrada.

“Ellos hablan un montón de cosas y ahí es cuando las mujeres dicen: si es así nosotros desplazamos, no vamos a estar aquí”, mencionó el líder.

La declaración del líder coincide con información que tiene la Alcaldía de Bojayá que señala que las mujeres evitan hacer sus actividades tradicionales en el monte debido al temor de sufrir abusos sexuales por actores armados, por lo que deciden confinarse o desplazarse.

Un representante de la Guardia Indígena indicó que las mujeres de sus comunidades nunca habían escuchado enfrentamientos ni explosiones cerca a sus territorios y que, ante la reciente situación, no han dudado en movilizar a sus familias hacia otras zonas.

“Estos días no es posible el regreso de las comunidades. Lo primero que debe suceder es que las instituciones lleguen hasta esas poblaciones y revisen lo que está pasando”, manifestó un miembro de la Guardia Indígena que lamentó que los actores armados transgredan sus reglamentos. Mencionó que, incluso, han sido retenidos por las organizaciones criminales.

Una de las restricciones que más denuncian las comunidades es la de su derecho a la movilidad. Varios indígenas afirman que los grupos armados les restringen navegar por los ríos de Bojayá después de las 4 de la tarde y que hay comunidades que después de las 12 del mediodía no pueden salir de sus poblados.

“Con ese límite la gente no queda conforme porque no se puede andar. De las 12 a las 2 p.m. uno puede estar pescando o bajando en el bote”, detalló el líder desplazado, quien explicó que ese tipo de restricciones, sumado al miedo por la presencia de grupos armados y a las minas, han causado confinamientos y movilizaciones.

En los niños también se aprecia el miedo. Una niña desplazada calla cuando se le pregunta sobre las razones de su familia para salir de su comunidad, mientras que un niño de 15 años confiesa temerle al reclutamiento.

“Lo más difícil son los grupos armados, uno se aterroriza porque ahora ya están reclutando a los jóvenes. Eso es lo que nos tiene atemorizados”, afirmó el adolescente, quien expresó su deseo de entrar a alguna escuela de fútbol de su departamento o de Antioquia.

Ante la situación que se vive en las poblaciones aledañas a los ríos de Bojayá, las autoridades y líderes locales dicen que se esperaría que todas las comunidades afectadas estuvieran en Bellavista, donde hay mayores garantías de seguridad.

Pero mencionan que muchas personas no se desplazan porque saben lo duro que es vivir por fuera de sus territorios, sin acceso a la pesca, a la caza y sus cultivos, y con la presión de conseguir dinero para comprar en una tienda los alimentos que a diario obtienen de sus fincas.

Aunque en Bellavista hay mejores condiciones de seguridad, la Agencia Anadolu conoció que al menos dos desplazados buscan salir con sus familias de allí, al no sentir suficiente tranquilidad en la zona.

“Yo no me puedo quedar en este municipio porque acá no hay seguridad fija”, afirmó un indígena amenazado.

La situación en Bellavista también ha afectado a las misiones de organizaciones humanitarias que buscan llevar alimentos, útiles escolares o medicinas a las poblaciones confinadas y desplazadas.

La semana pasada una misión del consorcio formado por las organizaciones Consejo Noruego para Refugiados (NRC) y Diakonie, que cuenta con la financiación de la Unión Europea, intentó llevar útiles escolares y dar capacitaciones sobre educación en riesgo de artefactos explosivos a comunidades desplazadas y confinadas en los ríos de Bojayá.

La iniciativa humanitaria tuvo que ser modificada y se desarrolló en Bellavista con comunidades que se encontraban allí desplazadas, debido a las difíciles condiciones de seguridad en los ríos.

“Definitivamente no hay condiciones de seguridad para ingresar hasta el territorio y ninguna acción o estrategia que pensamos nos garantizaba no poner en riesgo a la comunidad o a los integrantes del NRC y del consorcio”, mencionó una integrante del Consejo Noruego para Refugiados.

El alcalde de Bojayá, Jeremías Moreno, reconoció que ante los enfrentamientos entre los actores armados que operan en la zona, las comunidades confinadas quedan sin acceso a alimentos.

“Las comunidades están padeciendo hambre. Ni siquiera pueden ir a las parcelas a hacer las actividades de pancoger. Esta situación hace que el tema alimenticio sea bastante complicado al igual que la salud y el transporte”, sostuvo Moreno.

Bojayá, explica el alcalde, está ubicado en el centro del departamento del Chocó, lo que supone una ventaja para llegar con facilidad a los océanos Pacífico y Atlántico. Asegura que hay un corredor de ríos por donde históricamente se han transportado armas y drogas.

“Cuando ese corredor está en manos del Ejército seguramente los actores armados no transitan, pero una vez se quita, vuelven los grupos. Esa es la dinámica y es la razón por la cual es tan apetecido este sitio”, afirmó Moreno, que al igual que varios de los desplazados considera que una presencia más continua de la fuerza pública podría atenuar la situación.

El alcalde mencionó que cuando se firmó el acuerdo de paz en La Habana, Cuba, en 2016, las poblaciones volvieron a trabajar el campo con tranquilidad, luego de la retirada de las extintas Farc que tenían presencia en la zona. "Ahora vuelve y se frena eso", concluyó.

La guerra que estalló en 2019 en Bojayá recuerda la masacre de 2002. Algunas personas afirman que el ambiente que se siente en su municipio es similar al de hace 17 años, antes de la tragedia, y temen que un ataque de esas proporciones se repita.

Bojayá, municipio olvidado por el Estado, donde el 97,5% de su población no tiene alcantarillado y con una tasa de analfabetismo del 30,2%, aparte de padecer por sus condiciones de pobreza, vuelve a sufrir por una guerra que se creía superada.