JEP rechaza definitivamente embargar sueldos de congresistas de ex Farc
En decisión de segunda instancia, indicaron que la indemnización a las víctimas no puede exigirse bajo el patrimonio lícito de los comparecientes.
Los magistrados concluyeron que la reparación a las víctimas por orden de la Corte Constitucional se debe garantizar por el estado con los recursos de los bienes ilícitos devueltos por las Farc. Foto: Colprensa
La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó de fondo y definitivamente una solicitud de medidas cautelares planteada por representantes de víctimas del caso de secuestro como Joan Sebastián Moreno, en la que solicitaban que se embargara el 50% de los sueldos de congresistas de Comunes (desmovilizados de las Farc) que comparecen por ese caso, como medida preventiva.
De acuerdo con los representantes de víctimas justificaron esa solicitud como una medida cautelar para garantizar su reparación, pero aclararon que en caso de que los excombatientes sí indemnizaran a los afectados con los recursos ilícitos de la extinta guerrilla, solicitaban que les fuera devuelta la parte de su sueldo retenida.
Pero los magistrados concluyeron que la reparación a las víctimas por orden de la Corte Constitucional se debe garantizar por el estado con los recursos de los bienes ilícitos devueltos por las Farc y la misma no es de orden individual (por cada compareciente).
Además, que es improcedente limitar el patrimonio lícito de los exguerrilleros que hoy son congresistas, porque ese fue uno de los acuerdos en el proceso de La Habana.
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"El derecho de esas personas a hacer parte de la vida política, económica y social del país (...) desarrollar un plan de vida por fuera de la ilegalidad, que se ejecute en condiciones dignas, disponiendo, entre otras cosas, de lo necesario para garantizar su subsistencia", se lee en la decisión conocida por La W.
Eso sí, dentro de la determinación, la jurisdicción le hizo un llamado a los comparecientes para que entreguen la totalidad de los bienes y recursos obtenidos irregularmente por las Farc bajo actuaciones criminales, recordando que es uno de los compromisos verificables dentro del régimen de condicionalidad de la JEP para mantener beneficios.