Histórica sanción de Procuraduría a exgerentes de la Triple A por corrupción con Inassa

La Procuraduría General Inhabilitó por el término de 12 años a Ramón Navarro, y por 6 años a Julia Margarita Serrato, por irregularidades en la ejecución del contrato de asistencia técnica suscrito con Inassa, e impuso una histórica multa de $35.462 millones.

Según el Ministerio Público, Ramón Navarro fue inhabilitado por 12 años públicos para ejercer cargos públicos porque no observó la diligencia ni reconoció su responsabilidad, no restituyó la afectación generando un grave daño social. Se le impuso una multa de 33 mil millones de pesos.

Por su parte a Julia Margarita Serrano Monsalvo fue inhabilitada por 6 años para ejercer cargos públicos por permitir un detrimento patrimonial a la empresa que sumó los 1600 millones de pesos. También fue sancionada con una multa por 2.140 millones de pesos.

A Ramón Heráclito Hemer Redondo, no se le fijaron cargos, dentro del proceso verbal que adelanta por hechos relacionados con la ejecución del contrato de asistencia técnica  suscrito entre Interamericana de Aguas y Servicios S.A (INASSA) y la sociedad Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A E.S.P.

La Procuraduría General de la Nación estableció que la Triple A desde el año 2000 venía pagando a INASSA una remuneración derivada del citado contrato, que mensualmente era en promedio de $1.600 millones, lo que anualmente representaba una remuneración aproximada de $19.600 millones de pesos, lo que significa que durante la vigencia del contrato ese pago superó los $237.000 millones de pesos, equivalentes a acerca de $80 millones de dólares.

El pasado 8 de septiembre una comisión disciplinaria interna, creada para investigar hechos de corrupción relacionados con la Triple A, inició indagación preliminar sobre el contrato de asistencia técnica suscrito el 31 de marzo de 2000, por Luis Nicolella De Caro, en representación de INASSA, y Francisco Olmos Fernández, de la Triple A, y subrogado por las partes cinco meses después (4 de septiembre), pactándose su plazo hasta el 19 de octubre de 2033.

El Ministerio Público estableció que el objeto del contrato consistió en  “la prestación de asistencia técnica en la gestión comercial, operativa, administrativa y técnica respecto a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo”, servicios por los cuales la Triple A remuneraría a INASSA mensualmente con el 4.5% del recaudo que por concepto de servicios ingresaban al patrimonio de la sociedad, en la que el Distrito de Barranquilla tiene el 14.5% del capital social. 

El ente de control revisó la contabilidad de las empresas involucradas en la ejecución del contrato que reposaban en la Triple A, y no encontró soportes ni evidencias que acreditaran que dicha asistencia técnica se estuviere prestando. 

Ante estas gravísimas  evidencias el Ministerio Público solicitó a la Triple A, el pasado 30 de octubre, la suspensión de la ejecución del contrato de asistencia técnica, lo que evitó que desde noviembre se hiciera un giro a INASSA de $4.800 millones. 

La Procuraduría formuló cargos a los implicados por haber permitido que INASSA se apropiara de recursos de propiedad del Distrito de Barranquilla, al autorizar que con dineros sobre los cuales la entidad territorial tenía derechos accionarios del 14.5%, se efectuaran pagos remuneratorios de una presunta asistencia técnica, pese a que no existe evidencia de la prestación de los servicios objeto del contrato. 

La falta imputada a los representantes legales de la Triple A consiste en “apropiarse, directa o indirectamente, en provecho propio o de un tercero, de recursos públicos, o permitir que otro lo haga; o utilizarlos indebidamente”, la cual fue calificada como gravísima a título de dolo para los señores Ramón Navarro Pereira y Julia Margarita Serrano Monsalvo, y de culpa gravísima para Ramón Heráclito Hemer Redondo.

El ente de control trasladó copias de las diligencias a la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa, para que analice las acciones procedentes en defensa de la legalidad, del patrimonio público y de la moralidad administrativa. 

El Ministerio Público adelanta otras líneas de investigación en relación con la Triple A:

a. El proceso de capitalización y descapitalización de la Triple A, que condujo a la reducción del capital público del 85% al 14.5%, en relación con el cual la Procuraduría interviene en una acción popular, instaurada para defender el patrimonio público. 

b. Actos de corrupción relacionados con la simulación de órdenes de servicio para beneficiar a terceros, por cerca de  $27 mil millones de pesos.

c. La administración y manejo de los recursos que el Distrito de Barranquilla transfiere a la Triple A por concepto de subsidios, por el orden de$70.000 millones de pesos.