Hay nuevo director de Unidad para Desmantelamiento de Organizaciones Criminales
Hernando Toro Parra, el nuevo director, es abogado de la Universidad San Buenaventura de Cali y tiene una trayectoria de más de 26 años en el sector público.
Hernando Toro Parra es el nuevo director de la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales. Foto: Colprensa / ÁLVARO TAVERA(Thot)
El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, designó a Hernando Toro Parra como nuevo director de la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales.
Toro Parra fue postulado en la terna junto con Carmen Maritza González Manrique y Alexandra Valencia Molina, por los magistrados del Tribunal de Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de acuerdo con el Decreto 587 del 5 de abril de 2017.
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Una vez recibida la terna el pasado 29 de octubre, el nombramiento se efectuó para un período de cuatro años, según lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 898 de 2017, luego de las entrevistas realizadas en Leticia (Amazonas) por el fiscal general a los aspirantes, quienes demostraron su profesionalismo, excelentes capacidades y amplia trayectoria.
El nuevo director de la Unidad Especial de Investigación es abogado de la Universidad San Buenaventura de Cali, con postgrado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Sevilla (España). Tiene experiencia en Políticas Públicas, Dirección e Implementación de Proyectos de Cooperación y Desarrollo Internacional, así como en trabajo con entidades del Estado y comunidades; además cuenta con amplios conocimientos sobre seguridad y defensa nacional.
Hasta antes de su nombramiento se desempeñaba como asesor de la UEI de la Fiscalía General de la Nación, donde se encargaba del relacionamiento con comunidades, organizaciones sociales y de defensores de derechos humanos para valorar contextos y dinámicas de criminalidad que las afectan en los territorios. Asimismo, apoyó el impulso y seguimiento de investigaciones por afectaciones a defensores de derechos humanos, líderes sociales y personas en proceso de reincorporación.
Tiene una trayectoria de más de 26 años en el sector público, en entidades como el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Cruz Roja Colombiana.
