"Hacemos un llamado a no generalizar": ONG sobre denuncia de terrorismo urbano

Luego de que el ministro de Defensa, Diego Molano, señalara en La W que cuentan con información sobre infiltración de grupos armados ilegales y terrorismo urbano en las manifestaciones, desde las organizaciones le respondieron exigiendo que ese tipo de informaciones sean sustentadas con pruebas, capturas y procesos legales con fines exitosos.

"Ya se volvió costumbre cuando vemos escenarios de graves violaciones a los derechos humanos que la excusa usada por este Gobierno sea la misma, como en el paro del 2019 o la masacre en la cárcel La Modelo en el 2020. En todos estos casos encontrarán el mismo discurso, el resultado hasta el momento ha sido de impunidad y los procesos han sido un globo lanzado para la sociedad", indicó Franklin Castañeda, representante de la campaña Defender la Libertad.

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Debido a las denuncias sobre excesos de la policía y violaciones a los derechos de los marchantes, Castañeda advirtió que, si no se toman medidas para contener las cifras y ante el rechazo de la comunidad internacional, la Corte Penal Internacional (CPI) podría intervenir en contra de funcionarios del Estado como el ministro de Defensa.

"El gobierno está recibiendo una condena mundial por estos hechos, el gobierno no podría argumentar ante un tribunal mundial que desconocía lo que esos funcionarios estaban haciendo. En el marco de todo esto el gobierno está tomando medidas que facilitan intervenciones policiales y militares y no para frenar, el gobierno se está exponiendo a que la Corte Penal Internacional pueda juzgarlos por autoría mediata"

Asimismo, hizo un llamado a protestar pacíficamente y a que se abran corredores humanitarios para el traslado de insumos médicos o de personas con necesidades médicas.

También señaló que aquellos que incendiaron un CAI en Bogotá con policías adentro son delincuentes que deben ser identificados y judicializados.

En su reporte desde el liderazgo de las organizaciones cuenta que según sus cifras tienen registros de 1.138 detenciones arbitrarias, 356 heridos (de ellos 21 heridos con arma de fuego) así como 23 muertos, 58 presuntas agresiones a defensores de defensores de derechos humanos y 569 denuncias de abuso policial.