Graves revelaciones de Uniandes sobre fumigaciones con glifosato en la frontera
Daniel Mejía dijo que la aspersión "no genera los efectos que quisieran" y por eso es una política que "tiene resultados muy pobres" sobre las hectáreas fumigadas.
Fumigaciones en el país. Foto: Archivo Colprensa.
Intervenciones indebidas de la Cancillería en trabajos académicos y documentos oficiales basados en investigaciones de excontratistas de Monsanto hacen parte de las irregularidades denunciadas por el director del Centro de Estudios Sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, Daniel Mejía. El académico no sólo cuestionó la escasa efectividad de las fumigaciones sino la actuación del Ministerio frente al tema.
En diálogo con www.wradio.com.co, el investigador explicó que el estudio demostró que las campañas de aspersión aérea con glifosato “tienen impacto muy pequeño” y “por cada hectárea asperjada la reducción de cultivos de coca es de 12 y 15%, por lo cual hay que fumigar más de nueve veces la misma hectárea para lograr una reducción”.
Mejía dijo que las campañas de aspersión, además de tener costos muy elevados en lo económico, generan enfermedades dermatológicas y “aumentan la posibilidad de los abortos”.
Recalcó que la aspersión “no genera los efectos que se quisieran” y que por eso es una política que “tiene resultados muy pobres” sobre las hectáreas fumigadas.
“Hay una base científica muy sólida para cuestionar que estamos haciendo con la fumigación con glifosato”, indicó.
Intervención
El investigador denunció que el Ministerio de Relaciones Exteriores trató de “intervenir” para que se aplazara la publicación del estudio hasta que la Corte de La Haya fallara la demanda de Ecuador por fumigaciones en la frontera.
“Hubo sugerencias indebidas de la Cancillería sugiriendo posponer el estudio hasta que la Corte fallara, lo cual es intervención en investigación académica. Hay un problema, y nada hacemos tapándolos y tapando las evoluciones de políticas públicas”, indicó Mejía, quien reconoció que los ministerios de Defensa y Justicia se mostraron respetuosos del estudio.
Pero ahí no paran las denuncias, Mejía reveló que la Cancillería desestimó los resultados del estudio porque las investigaciones sobre aspersión aérea en poder del Gobierno provenían de Monsanto, compañía que fabrica el glifosato.
El académico dijo que las investigaciones que tenía el Ministerio para la defensa de Colombia en La Haya por la demanda de Ecuador provenían de excontratistas, contratistas o personas contratadas por Monsanto.
“¿Qué rigurosidad hay y qué independencia tienen investigaciones que son financiadas por la compañía que tiene interés de que esto se siga utilizando en Colombia?”, se preguntó.
Contó que aconsejó a la Cancillería no usar esa evidencia porque “era difícil que en la Corte fueran a creer que fueran investigaciones independientes”.
Al final, Colombia acordó con Ecuador un pago de 15 millones de dólares para compensar a los campesinos ecuatorianos por las aspersiones aéreas con glifosato que realizó sobre plantaciones de coca cercanas a la frontera común entre los años 2000 y 2007. Así el país vecino desistió de su demanda, planteada en abril de 2008 ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
En diálogo con www.wradio.com.co, el investigador explicó que el estudio demostró que las campañas de aspersión aérea con glifosato “tienen impacto muy pequeño” y “por cada hectárea asperjada la reducción de cultivos de coca es de 12 y 15%, por lo cual hay que fumigar más de nueve veces la misma hectárea para lograr una reducción”.
Mejía dijo que las campañas de aspersión, además de tener costos muy elevados en lo económico, generan enfermedades dermatológicas y “aumentan la posibilidad de los abortos”.
Recalcó que la aspersión “no genera los efectos que se quisieran” y que por eso es una política que “tiene resultados muy pobres” sobre las hectáreas fumigadas.
“Hay una base científica muy sólida para cuestionar que estamos haciendo con la fumigación con glifosato”, indicó.
Intervención
El investigador denunció que el Ministerio de Relaciones Exteriores trató de “intervenir” para que se aplazara la publicación del estudio hasta que la Corte de La Haya fallara la demanda de Ecuador por fumigaciones en la frontera.
“Hubo sugerencias indebidas de la Cancillería sugiriendo posponer el estudio hasta que la Corte fallara, lo cual es intervención en investigación académica. Hay un problema, y nada hacemos tapándolos y tapando las evoluciones de políticas públicas”, indicó Mejía, quien reconoció que los ministerios de Defensa y Justicia se mostraron respetuosos del estudio.
Pero ahí no paran las denuncias, Mejía reveló que la Cancillería desestimó los resultados del estudio porque las investigaciones sobre aspersión aérea en poder del Gobierno provenían de Monsanto, compañía que fabrica el glifosato.
El académico dijo que las investigaciones que tenía el Ministerio para la defensa de Colombia en La Haya por la demanda de Ecuador provenían de excontratistas, contratistas o personas contratadas por Monsanto.
“¿Qué rigurosidad hay y qué independencia tienen investigaciones que son financiadas por la compañía que tiene interés de que esto se siga utilizando en Colombia?”, se preguntó.
Contó que aconsejó a la Cancillería no usar esa evidencia porque “era difícil que en la Corte fueran a creer que fueran investigaciones independientes”.
Al final, Colombia acordó con Ecuador un pago de 15 millones de dólares para compensar a los campesinos ecuatorianos por las aspersiones aéreas con glifosato que realizó sobre plantaciones de coca cercanas a la frontera común entre los años 2000 y 2007. Así el país vecino desistió de su demanda, planteada en abril de 2008 ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.