Fallo contra mataderos clandestinos ordena mayor control por parte de las autoridades

La Asociación Frigoríficos de Colombia interpuso una acción popular contra los mataderos clandestinos para que haya un mayor control por parte del INVIMA, las Secretarías de Salud y la Policía para evitar el aumento de estos establecimientos. 

En conversación con La W, Álvaro Urrea, presidente de la Asociación Frigoríficos de Colombia, aseguró que el gremio interpuso la acción popular "por la inoperancia y falta de acción de las autoridades nacionales frente al tema de la ilegalidad y para hacer uso de uno de los elementos de la Constitución como es la protección de la vida y salud desde el punto de vista de la inocuidad de los alimentos. 

Por su parte, el director de Alimentos y Bebidas del INVIMA, el doctor Carlos Robles, respondió que no ha habido incumplimiento del Invima de sus competencias y que el fallo lo que solicita es que la entidad vaya más allá.

"El Invima ha cumplido con la inspección y control de plantas de beneficio oficiales y lo que pide el fallo es que se coordine con la Policía y otras instituciones para controlar la ilegalidad", argumenta. 

Según Urrea, la importancia en segunda instancia del fallo es que da las herramientas al Invima, la Policía y otras autoridades para que desarrolle actividades de las cuales en el pasado no tenían la competencia y que el propósito del mismo es proteger la salud pública de los colombianos.

"El decreto 1500 del año 2007 en el artículo 56 asegura que el Invima es el ente articulador del sistema sanitario de nuestro país entonces ya con eso el mismo Gobierno faculta al Invima para que articule", asegura. 

Frente a esto, el Invima señaló que de la mano de la Policía va a definir cuáles son las acciones más contundentes para atacar los sitios de clandestinidad para tener ese control que se necesita.

"Hemos tenido reuniones para instalar nuevamente la mesa técnica del control de la ilegalidad con los gremios y definir acciones concretas y vamos a hacer las mesas regionales para que con los actores privados identifiquemos cómo podemos ser más efectivos".

Para Urrea, los riesgos de no tener control sobre los mataderos clandestinos son altos porque al consumidor llegan productos que no son aptos para el consumo humano entonces empieza el Gobierno a recibir demandas por intoxicación. "Esta acción popular es un hecho histórico para que haya un cambio en la salud pública y que el Invima asuma gracias a esta acción su función de articulador del sistema." 

Robles reconoce que existe un mercado ilegal de carne que están dispuestos a atender pero que "los mercados formales vienen de plantas de beneficio vigiladas y verificadas por el Invima y secretarias de salud". Por eso hace un llamado a que el consumidor adquiera estos productos en lugares conocidos y hacer las denuncias ante las autoridades correspondientes como la Policía Nacional y el ICA. 

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