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Esperamos que Dios nos ayude porque el gobierno no lo hizo: líderes del Bajo Atrato

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciaron la continuidad de la violencia a pesar de la firma del acuerdo de paz.

Líderes del Bajo Atrato. Foto: Cortesía Rafael Aristizábal

Líderes del Bajo Atrato. Foto: Cortesía Rafael Aristizábal(Thot)

En la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares otorgadas por la crisis humanitaria que se vive en el Bajo Atrato (Chocó y Antioquia), varios defensores de derechos humanos de esa región evidenciaron la vulneración a sus garantías a la vida y a vivir en paz.

En presencia de los comisionados, revelaron que desde la firma del proceso de paz con las Farc se han presentado 77 desplazamientos forzados masivos y 23 asesinatos de líderes sociales, crímenes que guardan una estrecha relación con la minería ilegal y el narcotráfico, delitos enquistados en esa región del pacífico.

Según los líderes, viven una insostenible situación en materia de seguridad por cuenta de esas economías ilegales adelantadas por el Clan del Golfo o el ELN, todo ello sin contar de acuerdo con ellos. con el respaldo del estado.

"Esperamos que Dios nos ayude porque del gobierno no hemos recibido ayuda. Soy una lideresa que he sido víctima de acoso sexual y así como lo he vivido yo otras compañeras también. A veces no queremos decir tantas cosas porque si uno las cuenta entonces esa persona vale plata, estamos abocados a un nuevo desplazamiento", manifestó una lideresa que ocultó su nombre por razones de seguridad.

Desde los resguardos indígenas también se relató la vulneración constante a sus derechos.

"Hemos hecho administración del territorio, hemos hecho erradicación de más de 150 hectáreas (de coca), por eso hay amenazas a los líderes e indígenas. Nosotros las comunidades sentimos con miedo el riesgo de desplazamiento, hay ausencia institucional", manifestó el líder Argemiro Bailarín.

Además, manifestó que han llegado a detener a miembros de estructuras criminales que han invadido su territorio, pero deben "soltarlos" porque la fuerza pública no frecuenta la zona y no logran entregárselos. 

Por parte del Estado se describieron varias acciones adelantadas en pro de la protección de las comunidades y desmintieron como lo señalaron los líderes, que en el Bajo Atrato haya "un estado dentro del estado".

"El Estado colombiano no cesa en su compromiso de implementar con prontitud y de manera concertada las medidas cautelares otorgadas en favor de los beneficiarios", señaló Alejandro Ordóñez, embajador colombiano ante la OEA.

Desde la Comisión Interamericana se reiteró el respaldo a los defensores de derechos humanos y se señaló estar "conscientes" de la difícil situación humanitaria que viven.

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