"Entre más simple e inofensiva sea la reforma, será más viable": procurador

La reforma a la justicia es uno de los dolores de cabeza que han tenido los gobiernos en Colombia, desde 2002, sin embargo, no han cesado en los intentos por fomentar una que cambie el panorama judicial.

El procurador general Fernando Carrillo anunció que con un proyecto que presentará esta semana al Congreso de la República pretende apostarle a una reforma judicial que, desde su perspectiva, atiende las necesidades de la ciudadanía. Señaló, además, que en este momento no es viable unificar las altas cortes ni promover una constituyente.

-¿Cómo empezó la búsqueda de este proyecto?  

La Procuraduría inició, en agosto del año pasado, un proceso inédito en Colombia que relaciona un proceso de consulta ciudadana sobre necesidades en la justicia de los colombianos, poniendo en marcha un enfoque que no se había visto en el país. Como resultado de una gran consulta que vinculó más de 9.000 personas, verificamos cuál era la tendencia mayoritaria, y todos apuntaron al acceso a la justicia.

Temas relacionados con la justicia territorial y local. Cambiamos completamente el enfoque de la reforma con el fin de que tuviéramos un proyecto dialógico, es decir, basada en el diálogo, participativa y ciudadana. Esto lo conseguimos tras un consenso de todos los que fueron participes, entre ellos, las altas cortes y catedráticos.

Hemos dicho que este no es un proyecto de la Procuraduría, ni del procurador sino de los ciudadanos y es lo que nos proponemos presentar la semana entrante en el Congreso de la República. Esto es un proyecto de ley, no de ley estatutaria.

- Hay muchos lugares vulnerables en el país. ¿Cómo pretenden que la justicia esté presente en esas zonas?

El país ha cometido una grandísimo error, el gran pecado de las reformas a la justicia es concentrarse en la cúpula de la organización judicial, es decir, en la forma de las altas cortes, los requisitos para ser magistrado, entre otros. Nadie niega que son importantes, pero la gran inobservancia en relación con lo que sucede en los territorios ha sido el gran déficit.

Uno podría decir que buena parte del fracaso de las 18 reformas, desde el 2002 hasta el presente, ha sido el resultado de no ocuparse de la parte que le interesa a los ciudadanos. Por eso es tan importante, los mecanismos de acceso que buscan es fortalecer las entidades territoriales en materia de justicia.

Tenemos el respaldo de gobernadores y alcaldes, por la vía de la Federación Nacional de Departamentos, porque todos están de acuerdo con nosotros, y así lo dijo la ciudadanía, que la presencia del Estado no es solo de la Fuerza Pública, el problema de la presencia del Estado a nivel territorial es mirar con espíritu crítico la geografía judicial de Colombia, la cartografía.

Como lo ha dicho ha dicho el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, hay más de 150 cabeceras municipales que no tienen autoridad judicial, y hay otras tantas donde el juez es un personaje inerme que no hace parte del sistema de justicia.

La base es la municipalización, la desconcentración y descentralización de la justicia.

- El plus del proyecto es la cercanía con la gente...

Exactamente, es un proyecto de justicia ciudadana.

Es un proyecto muy en el espíritu de la Constitución de 1991, que como los colombianos recuerdan se produjo estrategias de participación, nunca fue, ni salió de un conciliado de expertos, ni grandes reflexiones académicas, sino de lo práctico, y ese es un informe que hemos querido destacar.

Es el enfoque de las necesidades jurídicas insatisfechas, es decir, qué es lo que lo que toca el corazón a los colombianos en materia de demanda de justicia, y cómo esa demanda debe ser consecuente con la oferta de justicia.

La demanda va a seguir creciendo. He señalado que en esta época de pandemia lo que viene es aumento de la litigiosidad, de la conflictividad, viene una avalancha de litigios sobre el poder judicial, que si nosotros no somos capaces de crear un válvula de escape a nivel territorial y local, hará colapsar el sistema de justicia.

Se debe tener en cuenta que todas las jurisdicciones y todos los litigios están aumentando en la pandemia, por los conflictos de derechos entre los empleadores y trabajadores, entre arrendadores y arrendatarios, los contratistas y por supuesto los ciudadanos que siente vulnerados su derechos, entre ellos, la salud.

Por eso, el propósito del proyecto fue centrarse en ese enfoque de la justicia, además, es reforma social porque está concentrada en los derechos sociales de los colombianos, que va hacer una de las salidas más importantes creada en medio de esta pandemia. Es decir, fortalecer en la base y no en la cúpula el sistema de justicia en Colombia.

- Tocó un punto importante y es la congestión judicial, ¿el proyecto de la Procuraduría cómo le apuesta a ese tema?

El proyecto tiene dos grandes virtudes. La primera es que va a tener muy pocos opositores, porque todo el mundo está de acuerdo en que la tarea pendiente, en materia de justicia, era mirar con otros ojos la reforma, y es mirar hacia lo local y lo territorial.

Lo segundo, es que le estamos abriendo la puerta a toda la tecnología para combatir las fallas del sistema judicial, en este momento no hay una reglamentación normativa en materia de utilización de tecnologías de información, todos sabemos que en esta pandemia terminanos utilizando a la fuerza esos mecanismos, pero eso no está regulado.

Por ejemplo, la inteligencia artificial, tiene la posibilidad de aplicar tecnología a la toma de determinadas decisiones, sin embargo, cabe mencionar que todo eso no lleva a reemplazar el juez. Pero si nos va ayudar en el manejo de datos y de información que constituye el poder judicial.

El proyecto también está abriendo una puerta y va apuntando a lo que creemos que es básico, y es que no se puede crear una brecha digital, no podemos pensar en que le vamos apuntar a la tecnología solo en las ciudades capitales, porque seguiríamos cometiendo el error mayúsculo del pasado.

Entonces, con la tecnología queremos que quede digitalizada la justicia de las ciudades capitales, y la justicia de la otra Colombia que son las ¾ partes del territorio nacional.

Esa es otra ventaja que tiene el proyecto, que siendo una iniciativa que está centrada en la ciudadanía, destaca la importancia de la tecnología para aumentar la participación de la misma, el acceso a la justicia, el manejo de los grandes datos e información que se maneja en sistema judicial y la posibilidad de crear herramientas para que los jueces tomen decisiones en esa materia.

- Ustedes como Procuraduría han querido llevar la justicia a regiones apartadas, prueba de ello, es la alianza que crearon con las Comisarias. ¿Tiene alguna relación ese proyecto, con la reforma a la justicia?

El proyecto de comisarias es muy humilde pero con grandes repercusiones. El proyecto tiene la característica que busca fortalecer el acceso a toda la justicia de familia.

Si nosotros miramos cuáles son los delitos que han aumentado en la época de pandemia, nos podemos dar cuenta la forma cómo ha crecido la violencia intrafamiliar y los delitos contra los niños y adolescentes, y ahí tenemos que crear los caminos para fortalecer el acceso a la justicia.

Queremos concentrar las actividades de los comisarios de familia en perseguir esos delitos. Por eso, esperamos que este proyecto tenga un gran debate en el Congreso de la República, y que de esto salga otra herramienta de acceso a la justicia en un sector muy particular que es la justicia de familia, para que salga fortalecida como un todo para llevar a las sanciones penales a quienes han seguido violentando los colectivos vulnerables como los son los niños y las mujeres.

- Si bien el enfoque del proyecto es directamente a la ciudadanía, ¿qué decir desde la Procuraduría sobre la reforma a la justicia en las altas esferas?

Yo creo que ese reforma es necesaria, pero ese no fue nunca el objetivo que salió en nuestra consulta ciudadana. Yo insisto en que es una reforma fundamental, pero se ha insistido tanto en que esa es la verdadera transformación de la justicia, cuando ha sido un camino totalmente frustrado desde el año 2002.

Todos sabemos que una gran reforma a la justicia no se ha podido emprender desde la Constitución de 1991, por eso nosotros hemos acudido al mecanismo desde el fondo más efectivo, que es mirar la base de cómo funciona la justicia, pero no meternos en grandes reformas constitucionales.

- Es decir que no es de su interés que se promueva una constituyente...

Yo estoy convencido que este no es el momento de realizar una constituyente en Colombia, ese no puede ser el objetivo de la reforma porque va a fracasar una vez más. Lograr un consenso en este momento sobre esos macrotemas de la reforma a la justicia va ser imposible.

Lo que hemos sostenido es que vayamos a la más simples de las reformas, que es la reforma en lo local, la reforma en la base. Yo estoy seguro de que va a generar una gran revolución y seremos capaces de convertirla en ese proceso de municipalización de la justicia, pensando en los gobernadores y alcaldes, quienes no tienen estructuras administrativas, ni gubernamentales para adelantar políticas públicas de justicia.

La justicia tiene que entrar en los presupuestos de los departamentos y municipios, la justicia tiene que entrar en los escenarios de planeación a nivel de planes de desarrollo municipales y departamentales. Ese sería uno de los cambios más drásticos y benéficos que puede tener la justicia a futuro, porque está en lo local. Nos toca renunciar a creer que al hacer grandes macroreformas la situación va a cambiar, cuando lo que quiere y necesita la gente es que al ciudadano de a pie se le resuelvan los problemas.

- En este proyecto con el que busca llegar la justicia a la gente, ¿es necesario aumentar el presupuesto en la rama judicial?

Sí, en este caso toca designar recursos, porque vamos a crear estructuras a nivel local, comisiones de acceso a la justicia y núcleos básicos que buscan integrar el sistema.

Esta es una visión muy sistémica de la justicia, es decir, que no es solo el poder judicial. El sistema de justicia lo comprenden las autoridades administrativas, los entes particulares, la ciudadanía y veedurías, entre otras, y crear este sistema requiere el protagonismo de estructuras gubernamentales en los niveles territoriales y para eso se necesitan recursos.

Cambiando un poco del tema social, ¿qué decir desde la Procuraduría sobre las iniciativas de algunos sobre unificar las tres altas cortes en la reforma a la justicia?

Insisto en que modificar la gran arquitectura judicial en este momento en Colombia no es oportuno por varias razones.

Primero porque no va a generar un efecto sobre la justicia de la ciudadanía y la justicia de a pie. Segundo porque en Colombia no hay un consenso político para lograr eso. Yo soy de los convencidos que el país necesita siempre un gran acuerdo nacional en muchos campos arrancando por la justicia.

Para lograr acuerdos hay que ver como se crean los consensos, si estos se crean buscando todo lo que une a la gente y no todo lo que separa a la gente. En este momento cualquier propuesta que fusione las cortes en una sola o de afectar la estructura de la cúpula del poder judicial, creo que va a ser una reforma imposible. A mi juicio, una reforma innecesaria a corto plazo.

Creo que en ese sentido, entre más simple e inofensiva sea la reforma de tocar unos círculos de poder que están establecidos en Colombia, será más viable. Estamos convencidos que esta reforma dirigida a la ciudadanía es la reforma que puede tener viabilidad en Colombia en este momento.