En el Chocó no se vive, se sobrevive: víctima de la masacre de Bojayá

18 años después de la masacre de Bojayá, en el departamento de Chocó en la que fueron asesinadas 98 personas al interior de una Iglesia en medio de la confrontación entre las Farc y grupos paramilitares, sus víctimas están muriendo sin encontrar reparación.

A esto se suma la situación de orden público que vive esta región del país, por lo que en Sigue La W hablamos en torno a ese panorama. Juan Pablo Guerrero, coordinador de Conflcito, Estado y Paz del Centro de Investigación y Educación Popular, comentó que hay una disputa violenta territorial en el Chocó, encrudecida desde el 2017. Con base en las investigaciones que han realizado, grupos de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y del Eln están ubicados en el bajo Atrato y han puesto en riesgo a las personas que viven en estas zonas.

"Muchos ciudadanos denuncian que la paz del acuerdo jamás llegó", dijo Guerrero.

Asimismo, expresó que el 60 % de la violencia se ha ubicado en Quibdó, su capital, ya que allí realizan acciones ilícitas los grupos armados al margen de la ley.

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El experto también se pronunció acerca de la visita del presidente Iván Duque a ese departamento, que ha sido criticada por muchas personas. Guerrero aseveró que la solución es hallar el diálogo y encontrar acciones concretas, ya que el Chocó está posee las cifras más altas de desempleo, deserción escolar, problemas por la minería ilegal, daños ambientales y microtráfico "es el pan de cada día".

Por otro lado, sobrevivientes de la masacre de Bojayá recalcaron que el Gobierno los revictimiza y no les genera ayudas. "La gente acá no viva, sobrevive", resaltó Adriana González, sobreviviente de Bojayá. Algo semejante conversó Zair González, a quien la masacre le arrebató dos miembros de su familia. Ella dijo que no ha recibido apoyos y que la situación es peor de lo que parece.

Líderes sociales

Luis Olave, líder social del Chocó, reveló que el panorama es desalentador para la defensa de los derechos humanos, porque grupos paramilitares los amenazan cuando denuncian los casos de corrupción o cualquier anomalía en el departamento. "Llevamos años pidiendo soluciones y hemos recibido desplazamientos y amenazas". Según Olave, el Estado no les presta atención y algunos funcionarios desmienten los argumentos que exponen, por lo que se sientes desprotegidos.