El vínculo del intermediario de la garantía falsa con el Ministerio de las TIC

El empresario, Jorge Alfonso Molina García, que sirvió como intermediario para conseguir la garantía del banco Itaú con Centros Poblados, tuvo como abogado en otro proceso durante 2017, al asesor que dentro del Mintic estructuró los pliegos del contrato para los puntos digitales.

Sigue La W continúa indagando sobre las irregularidades que rondaron el billonario contrato que adjudicó el Ministerio de las TICS a la Unión Temporal Centros Poblados, contratista que habría presentado una garantía bancaria falsa para poder respaldar el proceso.

Después de revelar en este medio que, según Centros Poblados, la póliza se buscó a través de la firma Rave especializada en seguros, con más de 25 años de experiencia y con grandes clientes en el sector público del país y contar que esa firma no logró conseguir a ninguna aseguradora porque no les interesó el negocio, conocimos también que se acudió ante otro intermediario: el empresario Jorge Alfonso Molina García– Mayorga.

En la audiencia que adelantó el MinTIC para llevar a cabo el proceso de caducidad, el contratista se defendió diciendo que fue una empresa que hace parte de ellos, específicamente INTEC de la Costa, la que se encargó de tramitar las garantías requeridas.

Fue así que Intec de la Costa consiguió al señor Molina García – Mayorga para lograr tener la póliza y aunque en medio de los descargos dijeron que se trataba de una persona de reconocida trayectoria en el campo de la contratación estatal, en Sigue La W indagamos quién es este personaje que está detrás de este presunto fraude.

Molina García –Mayorga es el representante legal de la empresa CM Construcciones y Mantenimiento SAS. Esta empresa en 2005, en conjunto con otras compañías, tuvo un contrato para construir el Hospital Timothy Britton de San Andrés Islas con Fonade.

Después de la terminación de este contrato, Fonade convocó a un tribunal de arbitramento por “los múltiples incumplimientos de las obligaciones a cargo del contratista, los cuales, a pesar de las solicitudes de la interventoría y del gerente del convenio no fueron atendidos, ni corregidos”. Incluso en este contrato se hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada por 109 millones de pesos debido a esos incumplimientos.

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Pero hay más, este empresario también aparece mencionado como intermediario en la consecución de la garantía falsa, que también del banco Itaú, se habría presentado en un proceso de contratación con la Unidad de Planeación Minero Energética – Upme.

El señor Jorge Alfonso García tuvo otro contrato, en 2017 y con su empresa Cm Construcciones, para la construcción del complejo penitenciario y carcelario en Puerto Triunfo, Antioquia. Este contrato, también con Fonade tuvo también un pleito por sobrecostos y se fue a tribunal.

Y es aquí en donde aparece una importante novedad y es que para defenderse en ese caso, la empresa CM Construcciones, del señor García Molina- Mayorga, contrató como abogado defensor al señor Felipe De Vivero Arciniegas.

Felipe de Vivero es desde 2018 alto asesor jurídico de la Dirección de Infraestructura, también del despacho de la ministra y fue, con el exviceministro de Conectividad, Iván Mantilla, quien diseñó los pliegos de esta licitación para instalar 15 mil centros digitales en colegios de zonas apartadas en el país.