El negocio del traslado de usuarios de la salud
Existe una red criminal que opera liquidando e interviniendo EPS injustificadamente para robar usuarios y trasladarlos a otras EPS que pagaron millonarias coimas por este ilícito.
Eva Carrascal habría utilizado su cargo público para realizar actuaciones ilegales, como por ejemplo ordenar la liquidación de una EPS o imponer medida de vigilancia especial. Foto: Colprensa
Por: Laura Palomino y Paula Bolívar
La W conoció el escrito de acusación en contra de Eva Katerine Carrascal, exdelegada de la Superintendencia Nacional de Salud y mano derecha del ex superintendente Norman Julio Muñoz, con el que la Fiscalía pretende poner en evidencia el millonario desfalco a la salud, un escándalo que apenas empieza a destaparse.
(Recomendamos: La red de corrupción detrás de las liquidaciones de las EPS)
Según la Fiscalía, en Colombia existe una red criminal cuyo modus operandi es liquidar e intervenir EPS de manera injustificada para robarles los usuarios y trasladarlos a otras entidades que pagaron millonarias coimas por este ilícito.
El pasado 14 de marzo, W Radio reveló que la exfuncionaria habría utilizado su cargo público para realizar actuaciones ilegales, como por ejemplo ordenar la liquidación de una EPS o imponer medida de vigilancia especial. Esto con el fin de beneficiar a una estructura delincuencial integrada por John Alexander Colmenares, Guillermo Grosso –exinterventor de Saludcoop– y Javier Peña Ramírez, exdirectivo de Cajacopi EPS.
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EL TRASLADO DE USUARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
En el escrito de acusación en contra de Carrascal, el ente acusador reveló cómo se negoció el traslado de usuarios en el departamento de La Guajira.
Según el documento, se ordenó la revocatoria parcial de la habilitación de las EPS: Comfacor, Comparta EPS, Coosalud E.S.S, Ambuqars y Nueva EPS, todas aprobadas por la exfuncionaria.
Como consecuencia de ello, en marzo de 2017 se produjo la movilidad de 167.319 afiliados a favor de cuatro EPS receptoras, de las cuales Cajacopi EPS recibió 35.577. Esta última contrató a la empresa Salud Guajira en Riohacha, compañía que tiene vínculos directos con Jhon Alexander Colmenares Russi, también imputado en el escándalo a la salud.
En una interceptación telefónica hecha por la Fiscalía a Colmenares, este dice que Carrascal pidió un pago mensual de 20 millones de pesos para pagar obligaciones, lo que sería posible porque lo de La Guajira era una facturación de 90 millones.
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EL TRASLADO DE USUARIOS DE LA EPS MANEXKA
Cuenta la Fiscalía que la asociación de cabildos indígenas de San Andres de Sotavento, Córdoba y Sucre, Manexka EPS, fue objeto de una medida de vigilancia especial decretada por el Superintendente Nacional de Salud el 4 de agosto de 2016. Durante el segundo semestre de 2016 se recibieron varios informes de seguimiento presentados por el contralor designado, que derivaron en la recomendación de ordenar la intervención forzosa para liquidar.
Como consecuencia de la determinación, se emitieron comunicaciones a las demás EPS habilitadas en Córdoba y Sucre para surtir el traslado de los afiliados de Manexka, entre ellas Cajacopi, entidad que recibió 43.358 usuarios.
Las interceptaciones telefónicas hechas por la Fiscalía demostraron que Carrascal intervino a cambio de una retribución económica de 15 millones de pesos mensuales.
“El 15 de febrero de 2017, Eva Katherine Carrascal le anunció a Guillermo Grosso la liquidación de Manexka (…) Javier Peña Ramírez le dijo a Colmenares Russi que debían pagarle a la funcionaria 16 barras todos los meses, para lo cual debían esperar que verdaderamente se llevaran a todos los usuarios”, dice el escrito.