El fracaso de la “Prosperidad” en el Magdalena había sido advertido
La exministra de Transporte había advertido en La W que hizo hasta lo imposible para que fueran atendidas las observaciones sobre este proyecto de infraestructura.
El fracaso de la “Prosperidad” en el Magdalena había sido advertido
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La exministra de Transporte, Cecilia Álvarez, advirtió en La W que hizo hasta lo imposible para que el gobernador atendiera las observaciones sobre la Vía de la Prosperidad. Foto: Colprensa / RAÚL PALACIOS
La W conoció dos cartas enviadas enviadas el 11 de marzo de 2015 y 8 de abril de 2015 por la exministra de Transporte, Cecilia Álvarez, las cuales estaban dirigidas al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y a la ministra de Transporte del momento, Natalia Abello, respectivamente.
En dichas cartas, Álvarez advirtió irregularidades sobre la licitación y proyecto de construcción de la Vía de la Prosperidad y sobre una presunta decisión de la Procuraduría General de la Nación en relación con el proyecto, que para entonces registró el Diario Hoy del Magdalena.
En la primera carta, Álvarez le expresaba su preocupación al ex vicepresidente Germán Vargas porque el Instituto Nacional de Vías (Invías) y el Gobierno Nacional habrían renunciado al ejercicio del derecho de defensa y a la protección del patrimonio público. Esto, en el proceso adelantado ante el Tribunal Administrativo del Magdalena en el proceso de la Vía de la Prosperidad.
Dice la exministra que en dicho proceso se puso en riesgo el patrimonio público, pues no se cumplieron las normas en materia de contratación pública ni se garantizó el principio de selección objetiva. Así se puso en riesgo la adecuada destinación de doscientos sesenta y seis mil novecientos millones de pesos ($266.900.000.000).
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Ante esta situación, el Invías inició todas las acciones legales tendientes a proteger el erario público y sus derechos que son los de todos los colombianos: "Como lo señalé anteriormente, respeto las decisiones de las instancias correspondientes, y por eso, no puedo entender cómo la administración del Invías -que en este caso representa la defensa del interés general y de los bienes públicos- decida desistir de un recurso legal renunciando a la defensa del patrimonio público", dijo Álvarez.
Dice el documento:
Me dirijo a usted porque quiero a mi departamento y para protegerlo, tomé todas las medidas en el proceso descrito. Por esta razón, no comprendo el silencio de su Despacho frente a las graves acusaciones que hace el Diario Hoy del Magdalena contra las actuaciones de la cartera de Transporte del primer gobierno del presidente Santos. Le pido que continúe la defensa de los intereses del Magdalena y no permita que se definan estos temas por la vía de un desistimiento.
(Punto 5) 5. De acuerdo con los documentos que aparecen publicados en el SECOP se encontraron las siguientes irregularidades:
- La Gobernación del Magdalena publicó un primer aviso en dicho sistema el 26 de abril de 2013. Luego, publicó un segundo aviso en el SECOP, el 30 de mayo de 2013.
- Con el acto de apertura del proceso (11 de junio) no se publicaron los estudios previos. Sólo hasta el 14 de junio se realizó dicha actuación.
- La última modificación a los estudios previos se llevó a cabo el 12 de julio de 2013 introduciendo cambios sustanciales a lo inicialmente previsto en lo relacionado con: (a) posibilidad de participación de filiales, (b) eliminación del requisito de estar inscrito en el código de actividad 4290, (C) reducción del requisito de experiencia en construcción de puentes, (d) reducción del requisito de experiencia en contratos de consultoría, (e) inclusión de la posibilidad de que los especialistas presentaran maestrías y doctorados y no únicamente especializaciones y () eliminación de la penalización por inasistencia a la visita de obra.
- Teniendo en cuenta que la apertura del proceso se surtió el 11 de junio de 2013, la audiencia de aclaraciones tenía que llevarse a cabo entre el 14 y el 18 de junio de 2013. No obstante, tal y como consta en el acta publicada en el SECOP, la audiencia de aclaraciones y revisión de la asignación de riesgos previsibles se llevó a cabo el 19 de junio de 2013, es decir, un día después del vencimiento del plazo previsto en la ley.
- En materia de contratación estatal, toda modificación al pliego de condiciones de la licitación en mención era el 15 de julio de 2013, el plazo máximo para expedir adendas era el 9 de julio de 2013. Sin embargo, el 10 de julio de 2013, es decir, por fuera del término permitido por la ley para expedir adendas, se publicaron modificaciones sobre la minuta del contrato, el formato de presentación de la oferta, el formato de hoja de vida especialistas y la matriz de riesgos.
- De igual manera, el 12 de julio de 2013, es decir, el día hábil anterior al cierre de la licitación se publicó un documento denominado "Aclaración a los pliegos de condiciones". A pesar de indicarse en el título del documento que este es aclaratorio, modifica el pliego de condiciones contrariando lo previsto en la Ley.
En la carta a la ministra Natalia Abello, que sí respondió la carta al vicepresidente Gárman Vargas Lleras (8 de abril de 2015), asegura: "Lo que obtuve, para mi sorpresa, fue todo lo contrario: acusaciones tan o más graves que las de dicho diario (Diario Hoy), pero provenientes del mismo gobierno".
"Por esto, no puedo permitir que, para justificar una actuación de desistimiento de un recurso presentado, usted haga afirmaciones según las cuales la actuación del INVIAS y el Ministerio de Transporte en el período de gobierno anterior hubiera sido "contraria abiertamente la ley y además puede resultar en acciones temerarias con las consecuencias que ello conlleva y generar perjuicios para el Estado".
No voy a referirme a la discusión sobre las actuaciones de la Gobernación del Magdalena frente a la Vía de la Prosperidad. Está claro que usted ha decidido enarbolar la defensa de dicho proceder pese a que no es de su competencia y a la abundante evidencia e información pública al respecto.
Es tan evidente esta posición que al referirse a las actuaciones de la gobernación señala que se trata de "presuntos eventos de ilegalidad" mientras que al hablar de la actuación de INVIAS la considera "contraria abiertamente la ley".