¿Dónde terminaron los dineros del posconflicto?

La W conoció la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra una red de corrupción en torno a los recursos destinados al postconflicto. En ella estarían involucrados funcionarios del Ministerio de Hacienda, poderosos senadores de la República y funcionarios de la Fiduprevisora, entre otras entidades.

Desde 2017, esta red gestionó de manera irregular varios contratos de la paz, como proyectos productivos y planes de atención a poblaciones afectadas.

Entre los involucrados ya fueron judicializados: Eduardo Alfredo Ghisays, empresario de Córdoba; Milton Cuero, alcalde de El Charco (Nariño); Johan Velásquez, alcalde de Mosquera (Nariño); Federman Riascos consejero de paz de la Tola (Nariño) y el contratista Wilmar Caicedo.

En una audiencia adelantada en la ciudad de Cali, la Fiscalía relató que un grupo de 30 personas de Bogotá, Cali, Montería y municipios de Nariño desangraron los recursos que destinó el Gobierno para la paz en las zonas más afectadas por el conflicto en Colombia.

Según la Fiscalía, esta red se contactó con funcionarios públicos con lo que negociaron dádivas a cambio de asignaciones presupuestales.

La Fiscalía explicó los roles de los implicados en la organización:

La Fiscalía dice que funcionarios públicos de nivel central y territorial se beneficiaron de los recursos para el postconflicto, entre ellos candidatos a alcaldes y gobernadores. El ente acusador señaló que el dinero término financiando campañas políticas.

El fiscal del caso informó que se usaron los recursos de la paz para financiar campañas políticas con el propósito de asegurar la participación de futuros alcaldes con la empresa criminal.

Esto fue lo que se pactó con funcionarios públicos:

Además, se pactó la apertura de cuentas bancarias para consejeros de paz, contratos en el hospital universitario del Valle y se habla de conseguir recursos en España para financiar campañas de futuros alcaldes.

Los investigadores encontraron que estas personas hacían transferencias a sus cuentas de los recursos que llegaban a los municipios destinados a proyectos del postconflicto.

Uno de los integrantes de la red se encargaba de contactar senadores y funcionarios del Ministerio de Hacienda.

Entre los judicializados estaba el contratista José Ramón Correa, quien tenía contactos en entidades públicas como la Fiduprevisora.

La Fiscalía contó que Eduardo Ghissays, empresario de Córdoba, era el financiador de esta organización criminal y desembolsó gruesas sumas de dinero.