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Denuncian corrupción en la Alcaldía de Montelíbano, Córdoba

Desde el año 2012 se han contratado más de 40.000 millones de pesos de forma directa para la ejecución de proyectos de obra pública e interventoría de los mismos contratos.

La Fiscalía indaga sobre las presuntas irregularidades que se habrían presentado tras los convenios celebrados entre Montelíbano y la sociedad  de economía mixta Jaguazul S.A. Foto: Getty Images

La Fiscalía indaga sobre las presuntas irregularidades que se habrían presentado tras los convenios celebrados entre Montelíbano y la sociedad  de economía mixta Jaguazul S.A. Foto: Getty Images(Thot)

A pesar de las capturas y las decisiones tomadas por la Fiscalía General de la Nación en el departamento de Córdoba en los últimos meses, las denuncias por hechos de corrupción no han parado de llegar a La W.

En poder de esta emisora existe una investigación que adelanta el ente acusador en contra de Gabriel Calle Demoya y Francisco Daniel Alean Martinez, ex alcalde y alcalde del municipio de Montelíbano (Córdoba).

Según la denuncia, desde el año 2012 se han contratado más de 40.000 millones de pesos de forma directa para la ejecución de proyectos de obra pública e interventoría de los mismos contratos en el municipio.

La Fiscalía indaga sobre las presuntas irregularidades que se habrían presentado tras los convenios celebrados entre Montelíbano y la sociedad  de economía mixta Jaguazul S.A, cuyo 80% es de propiedad del mismo municipio. Además, investiga sobre una supuesta triangulación de recursos a través de contratos interadministrativos.

En el documento radicado en la entidad, se documenta cómo Jaguazul S.A, al suscribir convenios interadministrativos con el municipio de Montelíbano, puede subcontratar la ejecución de los mismos con quien les plazca. Es decir, puede seleccionar “a dedo” al ejecutor final del contrato, lo que hace que los recursos públicos del  municipio terminen en manos de particulares.

La W conoció además que el actual alcalde, Francisco Alean, nombró como nuevo gerente de Jaguazul S.A al sobrino del exalcalde Gabriel Alberto Calle, Jaime Ruiz Calle.

Como si fuera poco, en la escritura pública de la empresa aparece el alcalde del municipio como miembro principal de la junta directiva.

Llama la atención cómo la gran beneficiaria de estos contratos ha sido la Fundación Profesionales Coach, una entidad sin ánimo de lucro y que fue constituida el 1 de julio del 2006 pero que, curiosamente, a partir del año 2013 (época en que Calle Demoya era alcalde) ha mutado en tres ocasiones su nombre y razón social.

Además de los seis contratos en el municipio, la Fundación Profesionales Coach tiene contratos en Montería, Planeta Rica, Momil, San Antero, Tierralta, Los Córdobas y Lorica.

La W Córdoba indagó sobre la empresa y esto fue lo que encontró:

  • W Radio trató de ubicar las instalaciones de la Fundación Profesionales Coach en Montería, pero fue imposible debido que dicha fundación ya no estaría ubicada en la capital cordobesa.
  • Se contactó al representante legal, César Mora, quien manifestó que actualmente estarían de vacaciones y que funcionaron hasta el 2017 en un local ubicado en el sur de la ciudad, donde hoy por hoy se encuentra una agencia de viajes.
  • En el diálogo vía WhatsApp con el representante legal, este señaló que al parecer funcionarían en Sincelejo-Sucre.
  • Al momento de consultarle sobre los objetos de dicha fundación, dijo que prefería entregar detalles personalmente y que estaría en Montería, pero no se hizo efectivo el encuentro con este señor.
  • De la fundación se ha establecido que, en su momento, ha contratado con la Alcaldía de Montería por temas de espacio público.

Este medio consultó también en el Sistema Penal Oral Acusatorio y encontró que el exalcalde tiene 13 denuncias por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, constreñimiento al sufragante, peculado por apropiación, prevaricato por acción, violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y contrabando. Además, contaría con una investigación de oficio por el delito de asociación para la comisión de un delito contra la administración pública.

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