Defensoría: advierten desmantelamiento de oficina delegada de infancia y juventud

En diálogo con Sigue La W, William Salazar, presidente del Sindicato de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo (SINDHEP), afirmó que el problema “tiene que ver con el derecho a la protección del joven y adulto mayor y cómo esto ha ido acabándose. Muchas personas expertas en estos campos han sido despedidas o han renunciado”, produciendo el desmantelamiento. “Se da en un momento que ha habido una movilización nacional, donde los jóvenes han salido a protestar. De las 13 personas del territorio nacional, cinco personas han sido trasladadas y una renunció”.

“La situación es, en términos estructurales, que no existe conocimiento. Se ha visto en la planeación” así como “frente a las posturas de expertos”, cuyo “comportamiento es que han trasladado a la persona que hace estas observaciones y no las reemplazan”, según declaró Salazar. “Cinco de las personas han sido mujeres, no queremos pensar que es un ataque a nuestro sindicato. Las personas que se han ido son altamente calificadas. Eso es lo que preocupa”.

Además, dijo que “queremos conocer cómo se están tomando las decisiones. La delegada dice que no las toma ella. No somos cosas que nos pueden quitar y poner como si fuésemos objetos, somos profesionales. No hay quien pueda cumplir con las tareas”.

Por su parte, María Cristina Hurtado Sáenz – ex defensora Delegada para la Infancia, la juventud y el Adulto Mayor (2014- 2016) de la Defensoría del Pueblo de Colombia, aseguró que “hay es una crisis estructural en la Defensoría del Pueblo, que siempre ha sido referente en el respeto a los Derechos Humanos. En las dos últimas gestiones se ha politizado” esta institución.

El sindicato de la Defensoría del Pueblo denuncia el desmantelamiento gradual y persistente de la delegada para la Infancia, la Juventud y el Adulto Mayor en manos de Gissela Vanessa Arias, denunciada anteriormente por no contar con la experiencia para ocupar ese cargo que tiene una asignación salarial de 20 millones de pesos mensuales y quién presuntamente habría llegado a esta entidad por amiguísimos políticos.

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A los funcionarios de la entidad les llama la atención que el debilitamiento actual de la delegada para la Infancia, la Juventud y el Adulto Mayor se esté dando en momentos tan dramáticos como los que vive el país “donde los derechos humanos de niños/as adolescentes y jóvenes son de diaria vulneración y donde particularmente las voces de los jóvenes han tenido como respuesta fundamental la violencia institucional y la denegación de sus derechos fundamentales”.

Según las denuncias, hoy sólo quedan 8 funcionarios en esa dependencia, lo que es insuficiente para atender la situación, mientras el defensor seguiría entregando contratos a sus amigos en otras áreas de la entidad.