Contrato que enreda al Director de la Policía buscaba construir 51 casas en solo tres días

Sigue la W conoció el informe de auditoría que realizó en 2018, la Contraloría General de la República, en el que se establece el hallazgo disciplinario que se trasladó a la Procuraduría y que hoy enreda al director de la Policía Nacional, General Óscar Aterhortúa, que en su momento cumplía las funciones de director del Fondo Rotatorio de esa misma Entidad.

En este informe, la Contraloría evidenció que, en primer lugar, en el año 2012 el Fondo Rotatorio de la Policía adelantó el proceso de contratación directa, es decir sin licitación pública, para construir bajo la modalidad de precios unitarios, 51 viviendas fiscales correspondientes a la segunda etapa del proyecto ciudadela policías CENOP, en San Luis, Tolima.

La forma de pago de este contrato se dividía en tres etapas, la primera era un anticipo de 25% del valor total del contrato, después se realizarían unos pagos parciales del 60% del valor del proyecto, según el porcentaje de avance de la obra y finalmente se pagaría el 15% del contrato de obra cuando se realizara la respectiva liquidación del mismo.

El problema más grande que encontró la Contraloría, tiene que ver con el plazo de ejecución del contrato. Según el informe conocido por la W, el proyecto debía ser entregado el 31 de diciembre de 2012, aunque el acta de inicio del mismo se suscribió el 27 de diciembre de ese mismo año, lo que quiere decir que se pretendían construir las 51 viviendas en solo 3 días.

Como el plazo era imposible de cumplir, justo un día después de suscribirse esa acta de inicio, es decir el 28 de diciembre de 2012, el contratista le pidió el director del Fondo Rotatorio la prórroga de los contratos, tanto de obras como de interventoría.

El aplazamiento del contrato generó, entre otras cosas, que se perdiera una vigencia de ejecución presupuestal, es decir la de 2012, y por tanto el Fondo Rotatorio se vio en la obligación de construir una reserva presupuestal. Además, el nuevo plazo que se estableció hasta el 30 de junio de 2013, tampoco se cumplió y el contrato se prorrogó cuatro veces más, venciéndose la ultima el 28 de agosto de 2014.

Pero además el contratista incumplió, la obra no se culminó, solo se realizó el 76% de la misma y en el mismo porcentaje se le canceló, es decir 5.120 millones de pesos; el Fondo Rotatorio dio inicio a un debido proceso declarando el incumplimiento y haciendo efectiva una cláusula por 469 millones de pesos. Por esta razón es que el hallazgo solo fue disciplinario y no fiscal.

De todas formas ahí no pararon los problemas, la Contraloría evidenció que desde agosto 28 de 2014, cuando se venció la última prórroga y cuando el proyecto quedó abandonado, o sea después de cuatro años, no se adelantó alguna labor o actividad teniente a continuarlo, permaneciendo la construcción hasta el momento de realizarse la auditoria, en octubre de 2018, en estado de abandono y deterioro.

El General Óscar Atehortúa es quien aparece firmando la liquidación de este contrato, por 18 mil millones de pesos, como director del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional con la firma Socar Ingeniería LTDA, responsable de la construcción de la segunda etapa de las 51 casas, cuyo representante legal es Pedro León Solano Carpio.