Contratación de Santa Marta en la mira de la Cámara de Representantes y de la Contraloría
Esta semana la Comisión Cuarta de esa corporación pidió al ente fiscal auditoría especial a los contratos suscritos de las alcaldías de Caicedo y Martínez.
Entes de control revisan nuevos contratos en anteriores alcaldías de Santa Marta. Foto: Colprensa(Thot)
El alcalde encargado de Santa Marta, y a su vez secretario de la transparencia de la preisdencia de la República, solicitó vigilancia a la Contraloría general de la República sobre unos contratos en los cuales habría presunta corrupción por parte de las alcaldías de Carlos Caicedo y Rafael Martínez.
La W radio conoció un documento remitido por la Contraloría General de la República al alcalde encargado Andrés Rugeles, donde indica que la preocupación del ente fiscal por presunto detrimento patrimonial radica en tres contratos que fueron suscritos por el exalcalde José Francisco Zúñiga Riascos, condenado por parapolitica y que fueron ejecutados en la administración de Juan Pablo Díaz Granados.
(Lea en La W: Contraloría General le pone el ojo a la Alcaldía de Santa Marta)
La solicitud se suma al control excepcional solicitado está semana por la Comisión Cuarta de Cámara de Representantes para que también se investigue las alcaldías de Carlos Caicedo y Rafael Martínez por nueve contratos sospechosos de detrimento patrimonial.
Los tres contratos de los que pidió información especial la Contraloría están relacionados con construcción de acueducto y alcantarillado de la ciudad.
Fuentes señalan que la alcaldía de Santa Marta ha tenido dificultades para responder a la solicitud de la Contraloría y aportar los documentos de esas contrataciones. Por ello acudirá al Archivo Nacional para obtener copia de los documentos perdidos.
Esos mismos contratos fueron objeto de revisión por parte de la Procuraduría General en 2009, en cuyo informe quedó consignado que los mismos fueron objeto de múltiples actas de suspensión, y otrosies que ampliaron los plazos que dejaron en evidencia incumplimientos y de los cuales consta el documento que en esa administración no hizo supervisión .
Los estudios y supervisiones de esos contratos señala la procuraduría en su informe estuvo a cargo de la empresa Metroagua, la empresa de acueducto a la que no se le renovó el contrato y que algunos ejecutivos están hoy detenidos por el escándalo de corrupción del grupo Inasa y la transnacional Canal Isabel Segunda.
