Contraloría imputó responsabilidad fiscal por $12.243 millones a exdirectivos de Bioenergy

Por: María C Suárez y Cristian Medina

La W conoció en primicia una de las decisiones más importantes del caso Bioenergy, que lleva en investigación tres años. La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por $12.243 millones contra dos exdirectivos de la filial de Ecopetrol, actualmente en liquidación, Bioenergy.

Se trata de Aleck Remberto Santamaría, quien fue gerente de la empresa, y Rosa Catalina Santos, suplente de gerencia, y esta imputación también recae sobre la firma Tipiel. La razón de la imputación es la pérdida de recursos públicos con ocasión de la celebración de los contratos entre Bionergy y Tipiel para realizar actividades que previamente habían sido ejecutadas por Isolux y recibidas por la filial de Ecopetrol. Recordemos que Isolux fue la empresa a la que inicialmente se le contrató la construcción de la planta de etanol situada en Puerto López (Meta).

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Se trata de dos contratos, uno de septiembre de 2014 y otro de octubre de 2014, suscritos por Bionergy con Tipiel cuyo objetivo, precisamente, era la corrección de diseños, complementación de la ingeniería para la construcción y apoyo técnico. Dice el ente de control que el ambicioso proyecto terminó convertido en uno de los elefantes blancos y desastres financieros más grandes de que se tenga noticia en el país; y hoy la Contraloría sigue adelantando procesos de responsabilidad fiscal por una suma cercana al billón de pesos, recursos públicos que buscar resarcir.

Para hacer esta imputación, el organismo de control encontró que según las actas y avances del contrato firmado por Isolux, Tipiel Y Bioenergy, se evidenciaron pagos avalados por Tipiel por el 93,7% de avance de la ingeniería, es decir que, la contratación se celebró, no obstante haber sido ejecutadas estas actividades por Isolux y recibidas a satisfacción por la filial de Ecopetrol.

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Lo que evidencia, advierte la Contraloría, que no se debieron invertir recursos en una labor que ya había sido certificada como cumplida. Esta situación demuestra la ocurrencia de irregularidades en la celebración de los contratos mencionados. La decisión conocida en primicia por La W fue tomada por la Contraloría Delegada Intersectorial No. 6 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR, mediante Auto No. 0549 de 2020.