Contraloría Distrital ordenó embargar el sueldo de Astrid Álvarez

Esta tarde fue radicado un oficio en la Contraloría Distrital en el que se ordenó embargar el sueldo de Astrid Álvarez, presidenta del Grupo Energía Bogotá.

Esta decisión se toma luego de que, como lo reveló la W en diciembre pasado, se abriera un proceso de responsabilidad en contra de Álvarez y otros tres funcionarios del GEB por irregularidades en un contrato de más de 3 mil millones de pesos que se le entregó a la empresa Berkeley Research Group Colombia consulting  S.A.S, que terminó involucrada en el caso de las chuzadas ilegales que afectó a Enel y a un grupo de abogados.

La Dirección de reacción inmediata de la Contraloría Distrital entregó, tras finalizar sus indagaciones, un documento en el que se concluye que sí hubo detrimento patrimonial en la celebración de este contrato.

De acuerdo con esta dirección de la Contraloría, el grupo energía de Bogotá no pudo justificar los sobrecostos por "gastos reembolsables", en este contrato y no hay soportes ni facturas de los mismos.

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Por esta razón, el proceso de responsabilidad fiscal pasó a manos del contralor Distrital Juan Carlos Granados quien debe determinar quién deberá devolver estos dineros públicos. La decisión de embargar el sueldo de la gerente del grupo energía de Bogotá es una de las primeras determinaciones en este caso.

Los investigados son la gerente del GEB, Gloria Astrid Álvarez, Diana Margarita Vivas, vicepresidenta jurídica y otros funcionarios de la entidad, Alejandro Botero Valencia director jurídico del negocio interventor, Mónica Jiménez López, directora de cumplimiento de la interventora.

Por su parte, el Grupo Energía de Bogotá, emitió un comunicado en el que manifiesta que a la fecha no ha sido notificado de ningún tipo de investigación fiscal en su contra y que las razones que hoy han trascendido y que "las sumas pagadas por el GEB a BRG cuentan con todos los soportes correspondientes. Todos los pagos efectuados han sido conocidos y examinados por la Fiscalía y no han sido objeto de observación o reproche".

Aseguran además, que "ninguno de los pagos mencionados está relacionado con actividades asociadas a posibles interceptaciones ilegales".