La W conoció en primicia el documento de 16 páginas mediante el cual la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para el sector Infraestructura, archivó la investigación del Puente Hisgaura, en la vía Curos-Málaga, en Santander. Se trata de una indagación preliminar por $96.725 millones que inició en 2018 al encontrar presuntos hallazgos fiscales por $8.185 millones. Dicha indagación involucraba el contrato número 285, celebrado el 27 de diciembre del año 2013, por el Fondo de Adaptación, entidad adscrita por el Ministerio de Hacienda y por la Sociedad Sacyr. Le puede interesar: Dice el documento: "Esta Dirección de Vigilancia Fiscal considera y concluye que en lo pertinente a la construcción del Puente Vehicular Hisgaura (...) no ha logrado demostrarse la existencia de un hecho, de unos hechos generadores de un daño patrimonial al Estado, las irregularidades supramentadas que fueron corregidas, subsanadas, por el contratista sin costo o valor adicional para el contrato no son constitutivas de un daño patrimonial al Estado, de una lesión del patrimonio público, motivos, razones, consideraciones por la cuales, al tenor de los dispuesto por la Ley 610 de 2000, resulta procedente el archivo del expediente, del antecedente...". Seguido a ello, el documento señala que, si después de proferido el presente auto de archivo del expediente en la presente indagación preliminar, aparecieren o se aportaren nuevas pruebas que acrediten la existencia de un daño patrimonial al Estado o la responsabilidad del gestor fiscal o se demostrare que la decisión se basó en prueba falsa, procederá la reapertura de la indagación. ---------------------------------- CONTRALORÍA RESPONDE Frente a este archivo, La W consultó al contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, quien aseguró que no están de acuerdo con el archivo de la investigación y que se procederá a abrir una nueva indagación preliminar por aspectos que han encontrado recientemente, pero no que no puede mencionar para evitar una recusación. En esa línea manifestó que se enteró de esta investigación hace dos semanas y que ordenó abrir una investigación disciplinaria al señor Diego Ospina, quien firma el archivo y es el director de vigilancia fiscal de la Delegatura de Infraestructura de la Contraloría General. Vale resaltar que el documento refiere que contra la presente decisión no procede recurso alguno. Y que es firmado tanto por Diego Ospina como por Fernely Bravo, profesional universitario comisionado.