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Contraloría abrió tres procesos de responsabilidad fiscal contra gobernador del Tolima

El ente de control inició proceso de responsabilidad fiscal contra el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat.

Contraloría abrió 3 procesos de responsabilidad fiscal contra Gobernador del Tolima. Foto: Colprensa

Contraloría abrió 3 procesos de responsabilidad fiscal contra Gobernador del Tolima. Foto: Colprensa(Thot)

La Contraloría General de la República abrió tres procesos de responsabilidad fiscal, por un total de $2.121 millones, contra el Gobernador del Tolima, José Ricardo Orozco Valero, por presuntos sobrecostos en dos contratos de suministros de kits alimentarios y de aseo y por el pago de mayores valores e intermediación innecesaria en un contrato relacionado con la estrategia de divulgación del tema COVID-19.

Y abrió procesos de responsabilidad fiscal, también por presuntos sobreprecios en contratos COVID, contra el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat (por $193 millones) y el Gobernador del Guainía, Juan Carlos Iral Gómez (por $112 millones).

Asimismo, el ente de control abrió proceso de responsabilidad fiscal por sobrecostos en contratos del Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Casanare (por $236 millones), el Municipio de Girardot-Cundinamarca (por $54 millones) y la Alcaldía de Chiriguana -Cesar (por más de $24 millones). 

La Contraloría abrió 24 nuevas Indagaciones Preliminares por presuntos sobrecostos en contratos COVID-19, que involucran a 9 Gobernaciones, 11 Alcaldías y un Hospital Departamental.

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También 2 Indagaciones Preliminares en Gobernación de Antioquia por presuntas irregularidades en la contratación realizada con las fundaciones Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín y SACIAR-Banco de Alimentos, para la entrega de paquetes alimentarios. 

El ente de control ha emitido 340 alertas por presuntos sobrecostos del 21%, en promedio, en contratos relacionados con el COVID-19 cuyo valor total es de $484.000millones, de los cuales el 40% (unos $193.000 millones) corresponde a contratación realizada por 25 gobernaciones.

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