Consejo Superior del Transporte asegura que aún no recibe ayudas del Gobierno

El director Ejecutivo del Consejo Superior del Transporte, Camilo García, aseguró este miércoles que aún no existe ayuda directa del Gobierno Nacional para atender la crisis económica por la que atraviesa el sector asegurando que “para atender la contingencia que ha generado la COVID-19 en el país, en tres meses, más de 3.500 empresas de transporte Intermunicipal, Especial, Mixto, Taxi, Público colectivo urbano, Centros de Diagnóstico Automotor y terminales de transporte, debemos asumir gastos fijos que superan 1,2 billones de pesos, para pago de nómina, seguridad social, parafiscales, arriendos y las obligaciones tributarias y financieras”.

En su pronunciamiento, García aseguró que los gastos fijos mensuales de una empresa del sector transportador en el país superan los 133 millones de pesos y que a la crisis económica de las empresas, se suma la afectación que está generando a más de 1 millón de personas que dependen del servicio de transporte terrestre de pasajeros.

Ante el escenario, el líder gremial dijo, “el sector de transporte subsisten importantes núcleos familiares de conductores, auxiliares administrativos, técnicos en labores asociadas a la industria, profesionales, trabajadores independientes o rentistas de capital y aún no existen acciones concretas por parte del Estado para garantizar la prestación del servicio público de manera organizada, en condiciones de seguridad y confianza para los viajeros, y sobre todo con el aval de cumplimiento de muchas exigencias necesarias, pero que requieren de fuentes de financiamiento público y el apoyo del Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte, las Secretarias de Salud, las ARL, entre otras”.

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Finalmente, los empresarios del sector insistieron al Gobierno Nacional, que de manera urgente atienda las necesidades de corto plazo que ponen en riesgo a empresas, propietarios, conductores, personal administrativo y terceros, asociados a la actividad de transporte, añadiendo que  es prioritario que exista un decidido apoyo estatal para evitar el cierre de compañías, el desempleo y la crisis económica de más de un millón de personas.