Conflicto armado dejó más de 580.000 desplazados en Urabá: informe

La Fundación Cultura Democrática (Fucude) y la Corporación Opción Legal entregaron al Sistema Transicional el informe "La sombra oscura del banano en Urabá: conflicto armado y el rol del empresariado", el cual retrata los escabrosos indicadores de violencia que vivió esa región del país debido al accionar de las guerrillas, los paramilitares y los grupos residuales que aún operan.

Uno de los indicadores aterradores fue el relacionado con el desplazamiento forzado que se produjo en el territorio por cuenta de la violencia. Según el informe 581.293 personas abandonaron sus hogares entre 1997 y el 2004, teniendo como mayor pico de despojo el año 1996.

"En Urabá tras la vorágine de la guerra las personas sobrevivientes, a quienes les perdonaron la vida debieron desplazarse y se convirtieron en siervos sin tierra errantes por otras latitudes", señaló Raúl Hernández, director de la Corporación Opción Legal.

El documento también denuncia que se generaron 47.657 homicidios, 12.393 desapariciones forzadas y 97 masacres con 607 víctimas entre 1991 y 2001. Además, se contaron 589 asesinatos de líderes sindicales en el periodo 1991-2007.

"El saldo de lo sucedido evidencia el desborde de la violencia, los homicidios y las desapariciones forzadas fueron pan de cada día en el Urabá, obreros, sindicalistas, líderes y lideresas comunitarias, dirigentes políticos y concejales, campesinos y campesinas, llevaban consigo un signo trágico que marcaba sus destinos", señaló el director Hernández.

Le puede interesar:

• Víctimas de la masacre de La Sarna completaron 19 años sin respuestas del Estado
• Gobierno decreta aislamiento selectivo y cierre de fronteras hasta el 16 de enero de 2021
• Se volvió costumbre tomar decisiones antes de que salgan los laudos arbitrales: procurador

Dentro del informe además se analiza el papel que cumplió el empresariado en la profundización del conflicto armado en el territorio. Según Álvaro Villarraga, director de la fundación Fucude, debido a que quienes vivían en el territorio tenían menos del 3% de su tierra legalizada, los industriales en alianza con los grupos armados vieron con más facilidad la posibilidad de despojarlos.

Una de las empresas señaladas en el documento es la bananera Chiquita Brands, que a juicio de los autores del documento tuvo incidencia en el aumento de la violencia en la región al financiar paramilitares. Para Villarraga, el empresariado que trabajó o trabaja en ese territorio debe asistir a la Comisión de la Verdad a entregar respuestas sobre sus responsabilidades.

"Deberían empresarios bananeros, ganaderos, multinacionales, contribuir con los anhelos de esclarecimiento de las víctimas y de la sociedad colombiana", expresó Villarraga.

El documento además indica que para adelantar el despojo de tierras se utilizaron diversas metodologías como la firma forzosa de escrituras o firmas falsificadas de campesinos quienes no sabían leer.