Con demanda buscan tumbar decreto que abre la puerta al regreso del glifosato
La acción judicial se basa en cuatro puntos, entre ellos que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, firmó el decreto estando impedido, a juicio de los demandantes.
El Colectivo Orlando Fals Borda y la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense (Redhpana) interpusieron una acción de nulidad por inconstitucional en contra del decreto 380 del 2021 con el que el gobierno reglamentó los parámetros para el programa de erradicación de cultivos ilícitos con glifosato (Pecig), paso fundamental para el regreso de la aspersión aérea.
De acuerdo con los demandantes son cuatro puntos por los que el decreto debe caerse: primero porque a su juicio es contrario a la constitución, señalan además falta de competencia del Ministerio de Justicia para reglamentar un asunto ambiental como ese, indican que se incumple el Programa de Sustitución Voluntaria (PNIS) y que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, firmó el decreto estando impedido.
Lo anterior, porque dos días después de firmarlo radicó un impedimento ante la Secretaría Jurídica de la Presidencia sobre ese asunto.
En su acción judicial también solicitaron una medida cautelar de urgencia que suspenda los efectos del decreto fundamentada en "las graves consecuencias que tendría en la salud y el ambiente el reinicio de las aspersiones y la evidente vulneración de normas constitucionales y legales que se generaron con la expedición irregular de este decreto".