CIDH admitió denuncia de víctimas de la masacre de la Chinita
En ese hecho criminal ocurrido en Apartadó (Antioquia) murieron 35 personas mientras se encontraban en una verbena.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió la denuncia de un grupo de víctimas de la masacre de la Chinita cometida por las Farc el 23 de enero de 1994 donde la guerrilla asesinó a 35 pobladores de ese barrio, señalando que allí se encontraban desmovilizados del Epl.
"La Comisión estima que las alegaciones de la parte peticionaria no resultan manifiestamente infundadas y requieren un estudio de fondo pues los hechos alegados, de corroborarse como ciertos podrían caracterizar violaciones a los artículos vida, integridad personal (...)", concluye la determinación de la Comisión IDH.
Ciro Abadía es uno de los líderes de víctimas quien padeció en carne propia lo sucedido en ese ataque armado, y considera que el estado aún no ha respondido por la presunta omisión que cometió al no tomar medidas de protección oportunas ni brindar auxilio a los pobladores cuando se produjo la masacre, por lo cual aplaude la decisión.
"Eso fue algo que estaba anunciado, se les había dicho que ellos iban a masacrar, el estado no cumplió con cuidar la vida y la honra de los ciudadanos en su momento, y no lo hizo, por tanto, el estado es omisivo en ese proceso" señaló Abadía.
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Según Abadía, la admisión de la denuncia es una posibilidad para recibir una reparación integral del Estado, porque varios de los afectados, aún no reciben una indemnización.
"Que esas víctimas no queden en el olvido, como lo estaban, que esas víctimas puedan organizar sus proyectos productivos con lo que se les reconozca, nosotros como organización estamos muy agradecidos con este nuevo espacio" manifestó el líder de víctimas.
Ahora los reclamantes por medio de sus abogados deberán remitir un escrito con las violaciones concretas a sus derechos, término para el cual contarán con 4 meses, que pueden prorrogarse por 2 meses más. Luego, la Comisión remitirá al estado colombiano la denuncia para conocer su respuesta a lo argumentado por las víctimas.
El Estado también tendrá la posibilidad de conciliar durante el proceso.