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CIDH abre caso contra Colombia por la masacre de Puerto Patiño en 1995

El órgano internacional consideró inaceptable una demora de más de 25 años en resultados judiciales contra los responsables, especialmente agentes.

Paramilitarismo. Créditos: Getty Images/ Juancho Torres

Paramilitarismo. Créditos: Getty Images/ Juancho Torres(Thot)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió un caso contra Colombia por la impunidad judicial prácticamente absoluta sobre la masacre de Puerto Patiño ocurrida en zona rural de Aguachica (Cesar), en la que grupos paramilitares (con presunta colaboración de policías y soldados) secuestraron a nueve campesinos, asesinando a siete y desapareciendo a uno, al señalarlos de ser presuntos colaboradores de las Farc.

De acuerdo con la petición elevada ante la Comisión por la masacre ocurrida el 15 de enero de 1995, a la fecha han sido condenados Juan Francisco Prada "Juancho Prada" excomandante del Frente Héctor Julio Peinado de las AUC y otros 29 exparamilitares, pero en relación con los agentes estatales que habrían participado u omitido deberes, no hay ningún fallo.

Por ejemplo indicaron que el mayor del Ejército Jorge Alberto Lázaro Vergel excomandante de la base militar en Aguachica, fue inicialmente vinculado pero luego quedó en libertad gracias a errores procesales de la Fiscalía e inconsistencias en las pruebas. El escenario fue prácticamente igual en el caso del mayor José David Cano.

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Debido a todo lo anterior y al evidenciar que las víctimas no han sido indemnizadas económicamente (una demanda administrativa fue fallada a favor del estado) ni tampoco penalmente, la Comisión decidió abrir el caso contra la nación.

"Los demás perpetradores, y en especial los agentes de la Fuerza Pública que habrían tomado parte en la ideación, determinación, dirección y ejecución de la masacre de Puerto Patiño, han escapado a la acción de la justicia" indica la decisión.

El estado por su parte solicitó que no se admitiera el caso señalando que las víctimas no han terminado de agotar los recursos internos y que aún hay procesos penales "marchando".

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