Centros Poblados cedería millonario contrato que habría ganado con irregularidades

Por primera vez, la Unión Temporal Centros Poblados se pronunció sobre sus actuaciones en el polémico contrato con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) por más de un billón de pesos para instalar más de 7.000 puntos digitales en colegios de zonas rurales en el país.

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En diálogo con W Radio, el apoderado de Centros Poblados, Jorge Pino Ricci, aseguró que las empresas que hacen parte de la unión temporal han sido muy afectadas por todo lo que ha pasado con el proyecto. Por esa razón, esperan poder revocar la orden de caducidad que ya dio el Gobierno y, después de eso, ceder el contrato a la firma holandesa New Skies Satellites.

Según el abogado, a la fecha este consorcio está al día con la ejecución del contrato y el pago del anticipo por $70.000 millones está amortizado y se legalizó completamente. Señala que esto queda evidenciado en que se invirtió en la compra de equipos, baterías y todo lo relacionado con la instalación de los centros según el objeto del proceso.

Justamente, sobre las versiones por la salida de esa plata del país, la cual fue girada a una empresa en Estados Unidos, dijo que se trató de un pago por $58.000 millones por concepto de la compra de los equipos (baterías y paneles solares) que se importaron de la empresa Nuovo Security, para conectar las escuelas en las regiones que le adjudicaron.

El resto de los recursos, es decir $12.000 millones, se pagaron a la empresa Inselsa de Barranquilla, que fue subcontratada por Centros Poblados para llevar a cabo el proyecto en algunas zonas que tienen.

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Sobre las garantías bancarias, el abogado Pino Ricci insistió en que por ahora no se puede decir que son falsas, ya que solo un juez podrá determinarlo. Y es que, según la defensa de la unión temporal, el documento fue adquirido a través de una firma especializada en seguros, con más de 25 años de trayectoria. Ellos, a su vez, la compraron a través de otro intermediario, quien manifestó que tenía cupo de crédito con el banco Itaú y que así fue como la consiguió.

Pino Ricci señaló que se trata de un problema entre el banco y los intermediarios, que en caso de comprobarse que falsificaron documentos deben ser castigados por la ley. Así, insiste en que ellos (Centros Poblados) obraron de buena fe, ya que pagaron más de $2.000 millones de pesos por esas garantías

Finalmente, el abogado aseguró que por ese caso de presunto fraude no ha sido requerido como abogado de los implicados ni por la Fiscalía, ni por la Procuraduría General de la Nación.

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Cabe recordar que el pasado 2 de agosto, en diálogo con W Radio, la ministra Karen Abudinén aseguró que su cartera no permitirá que estos recursos se pierdan.