Cancillería dice que oficina de ONU para DD.HH. vulneró la confianza del Gobierno
El ministerio cuestionó las declaraciones del organismo sobre los hechos de violencia en Cali, durante las manifestaciones.
La viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mejía, le envió una carta a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, donde cuestionó las notas de prensa y los videos publicados por su oficina, en los que documenta actos de violencia en Cali el 3 y 4 de mayo.
En la comunicación, la alta funcionaria señala que “el Estado colombiano observa con suma preocupación las aseveraciones formuladas por la Oficina de la Alta Comisionada, en relación con presuntas muertes y amenazas ocurridas en Cali, y lamenta profundamente que la oficina haya decidido emitir este comunicado sin verificar, ni con fuentes oficiales, ni con sus propias observaciones, las graves acusaciones que el mismo contiene”.
Además, indicó que al proceder de esa manera “se vulnera de manera grave la confianza entre el Gobierno y la oficina, y se dificulta la comunicación y la cooperación que constituyen la esencia del mandato que permite la presencia de la oficina en Colombia”.
Sin embargo, resaltó que es indispensable que estos presuntos hechos de violencia sean puestos en conocimiento de las autoridades competentes y que cualquier hecho criminal esté soportado en la correspondiente denuncia penal.
Mejía también destacó que para Colombia es importante que la oficina de la ONU acuda a los conductos diplomáticos y estatales pertinentes.
“Las observaciones y preocupaciones de la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han sido siempre atendidas por las autoridades nacionales con la mayor seriedad y rigurosidad”, recordó.
En la carta se hace un recuento de los actos vandálicos cometidos en el marco de las marchas y un balance preliminar de las víctimas, tanto civiles como uniformados.
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Finalmente, informó que los órganos de control están adelantando indagaciones para determinar responsabilidades en los casos de posible uso excesivo de la fuerza, no solamente en Cali sino en todas las ciudades del país.
Esta es la carta completa: