Así operaba la nueva modalidad de ingresos de activos ilícitos en aeropuertos del país
Nueve personas fueron capturadas en un operativo coordinado por la Fiscalía y la Policía.
En una acción investigativa y operativa coordinada, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, a través de la Dirección Especializada del Lavado de Activos, dieron un duro golpe a una organización delincuencial transnacional que habría lavado más de 11.000 millones de pesos (U$ 3.688.871) que ingresaron al país en dólares entre octubre de 2017 y marzo de 2019.
De acuerdo con los elementos recopilados, la señalada estructura habría implementado una nueva modalidad de blanqueo de dinero denominada ‘lavado hormiga’, en la que envían colombianos de diferentes ciudades a México para que retornen masivamente al país con dólares que son declarados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) mediante el diligenciamiento del formulario 530.
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Los reportes oficiales darían cuenta que diariamente, al menos, 27 viajeros provenientes de México arribaban con divisas. Cada persona declaraba a su ingreso una suma que oscilaba entre 20.000 y 80.000 dólares.
Con esta maniobra ilícita en evidencia, se puso en marcha la operación denominada Fénix que permitió capturar a los presuntos responsables del ‘lavado hormiga’ en Medellín, Manizales y Bogotá.
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Así blanqueaban
Más de un centenar de interceptaciones telefónicas, labores de vigilancia, seguimiento y otras técnicas de policía judicial les permitieron a los investigadores establecer que la organización contactaba personas de estratos medios para ofrecerles la posibilidad de viajar en calidad de turistas a México, con todos los gastos pagos.
Una vez aceptada la propuesta, a los viajeros se les entregaban cerca de 3 mil pesos mexicanos ($510.000 colombianos), además de tiquetes aéreos con fecha de retorno para cinco días después. También recibían indicaciones acerca de quiénes los recogerían en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez en Ciudad de México, y el lugar exacto donde serían
Cada colombiano viajaba al extranjero con el compromiso de retornar a Colombia con 25 mil dólares; sin embargo, se constató que en el lugar de la entrega eran convencidos de transportar sumas que iban desde 50.000 dólares (162 millones de pesos colombianos) hasta 80.000 dólares (260 millones de pesos colombianos).
Los ‘turistas’ eran instruidos sobre cómo evadir los controles aduaneros y aeroportuarios, les indicaban que a la hora de declarar el dinero y ante cualquier cuestionamiento debían asegurar que las divisas provenían de la supuesta venta de inmuebles en México, préstamos adquiridos en ese país para hacer inversiones en Colombia, particularmente para centros de estética y spa, consultorios de cirugía plástica y empresas de alimentos orgánicos.
Los investigadores establecieron que las personas que ingresaban a Colombia con la divisa extranjera no presentaron soportes que explicaran el origen, el destino o el real propietario del dinero. Esta maniobra fue posible debido a la presencia de, al menos, un funcionario de la Policía Nacional quien cobraba diferentes sumas de dinero para permitir el paso de los correos humanos por el aeropuerto José María Córdova de Rionegro (Antioquia).
Los dólares finalmente eran entregados a enviados de la red criminal denominados ‘transportadores’ que se encargaban de moverlos por tierra entre Bogotá, Medellín y Manizales. Luego de culminar todo el proceso y garantizar la entrega, los ‘turistas’ recibían como pago hasta tres millones de pesos.
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Desarticulación
Los indicios recopilados en los últimos 18 meses arrojaron que los viajeros contactados por la organización criminal declararon en el formato oficial 530 de la Dian las cantidades que movilizaban y apoyados en un abogado estructuraban los contratos para darle apariencia de legalidad a una importante cantidad de dólares que tendría relación con actividades de narcotráfico.
Una vez cotejada la información entregada por los portadores del dinero se evidenciaron vacíos como actividades económicas y comerciales inexistentes que no les permitían sustentar tan alto flujo de dinero y, en algunos casos, se conoció que se trataban de desempleados.
Estos elementos para el fiscal del caso configurarían una operación de lavado de activos por lo que se obtuvieron órdenes de captura contra los presuntos integrantes de la estructura ilícita.