Alertan retrasos en ejecución de contrato para Centros Digitales
El contrato tiene un valor de 1,06 billones de pesos y llevará internet gratuito a 17 departamentos del país
El contrato tiene un valor de 1,06 billones de pesos y llevará internet gratuito a 17 departamentos del país. Foto: Getty Images(Thot)
La Procuraduría General de la Nación instó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) y al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FTIC) a realizar las acciones necesarias para garantizar la instalación y puesta en marcha los Centros Digitales ubicados en 17 departamentos del país.
El llamado busca que estos dos organismos cumplan con las obligaciones contractuales del Contrato de Aporte No. 1042 de 2020 celebrado con COMCEL S.A. por un valor de 1,06 billones de pesos y que llevará internet gratuito a los departamentos de Antioquia, San Andrés, Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Vaupés.
El organismo de control advirtió que, si bien el ministerio y la interventoría han señalado que los Centros Digitales de los Grupos 1A y 1B se encuentran en operación (aprobados remotamente), respecto del Grupo 1B el cumplimiento de la Meta relacionada con la “Aprobación por parte de la Interventoría de la instalación y puesta en servicio del Grupo 1B correspondiente a dieciséis coma veinticinco por ciento (16.25%) de los Centros Digitales” presenta varios meses de retraso, de acuerdo con el cronograma de trabajo establecido.
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En cuanto a la Meta 10 relacionada con el “Reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 2 correspondiente a treinta y dos coma cinco por ciento (32.5%) de los Centros Digitales”, se encontró que el contratista para el Grupo 2 no ha reportado ni siquiera el 10% de los Centros Digitales de esta entrega, pactados contractualmente.
Finalmente, en desarrollo de la vigilancia preventiva adelantada a este proyecto, se solicitó informar en qué consiste el riesgo concreto manifestado por el contratista, en relación con el cumplimiento de esta última Meta (Reporte de la instalación y puesta en servicio), las acciones que se han adelantado para mitigar o superar el riesgo, o si el mismo se encuentra latente y si se dio cumplimiento a la misma.
