Alerta ante difícil acceso de víctimas del conflicto armado a vivienda urbana

La Contraloría General de la República hizo la alerta frente al complicado acceso a vivienda urbana que están teniendo las víctimas del conflicto armado del país, entre las cifras que entregó el ente de fiscalización se destacó que se han otorgado más de 107.585 subsidios de vivienda entre 2012 y 2021, quedando pendiente un universo de más de un millón de hogares víctimas, lo que muestra que la oferta se ha quedado corta para atender esta población del país.

Añadido a esto, el ente de fiscalización expuso que 10.414 subsidios de vivienda urbana se encuentran sin legalizar y que solo 64.708 hogares víctimas que calificaron en las convocatorias entre 2004 y 2007 han recibido el subsidio, es decir solo el 33% del total de los hogares víctimas del conflicto armado de Colombia, dejando a marzo de este año 43.354 hogares pendientes por la asignación de una ayuda.

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Ante el escenario, el contralor general, Felipe Córdoba, agregó que hay miles de subsidios sin entregar aún en cuentas de ahorro y fiducias, “llama la atención entonces que valiosos recursos para las viviendas de las víctimas permanecen en cuentas de ahorros y fiducias, mientras miles de personas claman por ese techo, desde el 2003, óiganlo bien, desde el año 2003 hay en cuentas de ahorro programado 21.408 subsidios de vivienda urbana teóricamente ya asignados por 317.113 millones de pesos y en fiducias reposan 12.375 subsidios asignados por 527.855 millones, en ese sentido vemos como se necesita mayor ejecución en esta política pública y se hace urgente un llamado a la ejecución sectorial”.

Por otro lado, teniendo en cuenta que actualmente en Colombia hay más de 9 millones de víctimas del conflicto armado, la Contraloría manifestó que para ejecutar los 19 puntos contemplados dentro de la Ley de Víctimas, se requiere de un mayor esfuerzo fiscal del país, por lo cual los 135.5 billones de pesos destinados por el Gobierno desde el 2012 no serán suficientes para tal fin, añadiendo, que de esta manera a 2031 se van a requerir 328.3 billones de pesos para lograr con el objetivo de la ley, teniendo en cuenta que según cálculos del ente de fiscalización, se distribuirán de la siguiente manera: indemnización administrativa y colectiva, requiere de 65 billones para su ejecución; vivienda requiere de 51 billones; alimentación requiere de 27 billones, y retornos y reubicaciones requiere de 15 billones de pesos, entre otras.

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Finalmente, se destacó que todos estos datos se entregaron en el marco del Informe de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y Decretos Leyes Étnicos, realizado por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de República, allí se hizo un llamado al Gobierno para que se redoblen los esfuerzos institucionales y presupuestales para atención y reparación de las víctimas del conflicto.