JEP imputa crímenes de guerra y lesa humanidad a exjefes del Bloque Magdalena Medio de las Farc

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este jueves crímenes de guerra y de lesa humanidad a cuatro antiguos mandos del Bloque Magdalena Medio de las extintas Farc-EP, en el marco del Caso 01 sobre toma de rehenes y graves privaciones de la libertad. La decisión judicial señala su responsabilidad por secuestros cometidos con fines de financiación y control territorial entre 1993 y 2016 en Santander, Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Boyacá y Cesar.

Los excombatientes imputados son Erasmo Traslaviña Benavides (‘Jimmy Guerrero’), Pedro Trujillo Hernández (‘Alberto Cancharina’), Jairo Reinaldo Cala Suárez (‘Jairo Quintero’ o ‘Jairo Mechas’) y Fabio Gil Forero (‘Norbey Narváez’), quienes están sometidos actualmente a la JEP. Solo uno de ellos, Gil Forero, había enfrentado procesos previos ante la justicia ordinaria.

La Sala de Reconocimiento determinó que estos antiguos comandantes participaron como máximos responsables regionales o partícipes determinantes en la política de secuestros del antiguo secretariado. Según el análisis de la JEP, ejercieron control efectivo sobre las tropas, impartieron órdenes o permitieron abusos durante el cautiverio, como homicidios, torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamientos forzados.

En total, 189 víctimas —entre secuestrados directos, familiares y allegados— señalaron al Bloque Magdalena Medio por crímenes cometidos durante el conflicto armado. De las personas privadas de la libertad, 78 fueron hombres y 15 mujeres. Además, nueve víctimas corresponden a familiares de personas asesinadas o desaparecidas en cautiverio.

Los secuestros respondieron a dos patrones ya identificados por la JEP: obtener recursos para la financiación de la organización armada y ejercer control social sobre regiones disputadas militarmente. En ese contexto, acciones como la “despedida a Samper”, en las que se privó de la libertad a candidatos y funcionarios, buscaron generar un “vacío de poder” y afectar el curso democrático en zonas claves del país.

El Bloque Magdalena Medio operó con ocho frentes rurales y varias columnas móviles que, además de los secuestros, se financiaron mediante extorsiones, narcotráfico, minería ilegal y contrabando de gasolina. Sus zonas de injerencia incluían corredores estratégicos desde la frontera con Venezuela hasta el centro del país.