Corte Suprema condena al exgobernador Omar Díazgranados por alianza “criminal” con DMG
El alto tribunal determinó que el exgobernador del Magdalena pactó con David Murcia Guzmán recibir dineros de dicha pirámide a cambio de entregarle contratos del departamento.
Omar Díazgranados | Foto: Colprensa
La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 10 años de cárcel al exgobernador del Magdalena, Ómar Díazgranados Vásquez, por cuenta de su alianza ilegal con la captadora de dineros DMG, y especialmente con su fundador y dueño David Murcia Guzmán.
De acuerdo con lo determinado por el alto tribunal, testigos como la asistente personal de Murcia Guzmán, narraron que su jefe le entregó a Díazgranados más de 750 millones de pesos para su campaña política y material de campaña, para posteriormente recibir contratos bajo firmas de holding asociadas a DMG.
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“Optó por asociarse con una estructura ilegal en detrimento de los intereses del Estado, comprometiendo la probidad del proceso democrático al gestar un pacto criminal que involucró la adquisición de ayudas en dinero y especie provenientes de actividades atentatorias del orden económico y social, con la promesa de futuras prebendas contractuales” sentenció la Corte Suprema.
Dentro de los contratos analizados se relacionan varias órdenes de prestación de servicios con empresas del conglomerado de Holding DMG, como Provitec LTDA. De hecho, se evidenció que la empresa Provitec suscribió contratos con el Hospital Fernando Troconis de Santa Marta, controlado por la gobernación, por un valor superior a los 180 millones de pesos, aún cuando esta empresa no tenía licencia de funcionamiento vigente.
Incluso, se probó, para la Corte, que los dineros que Murcia Guzmán le entregó a Díazgranados para su campaña política fueron transportados en diferentes maletas por medio de buses intermunicipales con el fin de evitar cualquier control de las autoridades y dejar evidencia, aplicando las reglas de la experiencia.
La Corte Suprema, en primera instancia, al dar por sentado este acuerdo ilegal entre Díazgranados y DMG para beneficiarse mutuamente, determinó que pague la pena de 10 años de cárcel efectiva en prisión, negándole la suspensión de la ejecución de la misma o que en su defecto tuviera prisión domiciliaria.
Por otra parte, la Sala absolvió a la gobernadora encargada Laura María Úsuga Varela, procesada por haber adjudicado posteriormente un contrato a Provitec LTDA. Para los magistrados al analizar dicha licitación la exfuncionaria obró debidamente y de forma objetiva sin seleccionar a dicha compañía por algún acuerdo ilegal.
