Carlos Eduardo García, alias ‘Andrey Avendaño’, jefe negociador de paz con el Gobierno por parte del Estado Mayor de Frente y Bloques de las disidencias de las Farc, y comandante del Frente 33, negó las acusaciones contenidas en el más reciente informe de Human Rights Watch (HRW) que señala a su organización como responsable de abusos contra civiles, uso de escudos humanos, reclutamiento de menores y control sobre comunidades en el Catatumbo.

En entrevista con La W, Avendaño aseguró que “no hay una sola denuncia de una comunidad” que demuestre que el Frente 33 ha presionado a líderes para impulsar proyectos o favorecer su presencia en la región.

En cuanto al asesinato de Pedro María Ropero, líder comunal de Tibú que se habría opuesto a la creación de una nueva Junta de Acción Comunal promovida por ese grupo, afirmó que se trató de una acción individual atribuible a un exmiembro que “ya no hace parte de nuestras filas” y que se entregó a la Fuerza Pública.

Sobre las acusaciones de utilizar a la población civil como escudo en medio de enfrentamientos con el ELN, Avendaño argumentó que su presencia en cascos urbanos ha sido forzada por los ataques de ese grupo. “No es cierto que hayamos tomado a la población como escudo”, dijo. Añadió que las unidades del EMC han actuado en defensa propia y negó haber reforzado su presencia con combatientes de otras regiones, como denuncian las autoridades.

Uno de los puntos más polémicos de la entrevista giró en torno al reclutamiento de menores. Avendaño reconoció que su organización vincula a jóvenes desde los 16 años y rechazó que se trate de un reclutamiento forzado. “Nunca se ha dicho que los estamos llevando a la fuerza”, señaló. Ante los cuestionamientos de los periodistas sobre la legitimidad de reclutar adolescentes, respondió que “todos los niños de Colombia son tan importantes como los que están dentro de las organizaciones”.

El vocero también aceptó el uso de drones para ataques armados, pero justificó su empleo como respuesta a agresiones del ELN. “Se han hecho desde los lugares donde hemos estado. Si no se ejecutan esas acciones, vamos a ser blanco de ataques todos los días”, indicó.

Respecto a la realización de obras comunitarias en zonas rurales, afirmó que no es responsabilidad del EMC, sino del Estado, pero que ante el abandono institucional, han trabajado en conjunto con la población para ejecutar proyectos por autogestión. “No se obliga a nadie a asistir a los actos”, subrayó.

Finalmente, defendió el papel del EMC en la región, insistiendo en que los responsables del desplazamiento masivo de más de 56.000 personas no fueron ellos, sino el ELN. “Nosotros no fuimos los responsables del desplazamiento. Quien lo hizo fue el ELN”, afirmó.

La entrevista se da luego del informe publicado por HRW que documenta múltiples violaciones de derechos humanos en el Catatumbo, incluyendo reclutamiento de menores, uso de escudos humanos, asesinatos y desplazamientos forzados. El Gobierno mantiene suspendidas las conversaciones con el ELN, mientras continúan los diálogos con el Frente 33, integrante del Estado Mayor de Frente y Bloques.

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