“No eran hechos aislados”: magistrada Lily Rueda sobre abusos de menores en las Farc

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanza en la investigación del macrocaso 07, el cual indaga el reclutamiento y el posible abuso sexual de menores por parte de integrantes de las extintas Farc.

En medio de este proceso, una víctima denunció en los micrófonos de Caracol Radio que la hoy senadora del partido Comunes, Sandra Ramírez, habría estado vinculada a la captación de niñas y niños para trasladarlos a los campamentos guerrilleros, donde presuntamente se cometían abusos sexuales. Según el mismo testimonio, Ramírez también habría participado directamente en agresiones contra menores.

En una entrevista concedida a La W, la magistrada Lily Rueda, encargada de este macrocaso en la JEP, explicó que la investigación se basa en varios “patrones macrocriminales”, identificados a partir del relato de más de 10.000 víctimas que participan en el proceso.

“Esto no se limita a la vinculación de niños a las filas”, subrayó Rueda, “sino también a lo que le sucedió al interior de la estructura: malos tratos, violencia sexual, abortos forzados y otras violencias graves”.

Aunque la senadora Sandra Ramírez ha manifestado que estos hechos no correspondían a una política de las antiguas Farc sino a casos aislados, la magistrada recalcó que se han detectado indicios de sistematicidad en distintas regiones del país, con participación de numerosos frentes. Hasta el momento, seis exintegrantes del secretariado ya fueron imputados por reclutamiento y uso de menores, así como por crímenes de guerra que involucran afectaciones físicas y psicológicas a niños dentro de la organización.

Respecto a la presunta responsabilidad de la congresista Ramírez, la magistrada señaló que su nombre no ha sido incluido en las primeras citaciones de la JEP, aunque aclaró que el proceso continúa abierto para recibir testimonios y determinar posibles nuevas imputaciones. “En este momento estamos en una segunda ronda de versiones —explicó—. Contamos con 84 comparecientes y seguiremos valorando la información aportada por las víctimas para establecer eventuales responsabilidades”.

Según la magistrada, la JEP reitera que las personas interesadas en declarar pueden acudir de manera voluntaria y que se garantiza la protección de su identidad, así como acompañamiento psicológico y jurídico. A la par, el tribunal ha habilitado un espacio para que los comparecientes reconozcan los hechos y asuman su responsabilidad, lo cual abriría una vía de justicia restaurativa. Sin embargo, si no existe reconocimiento de verdad o responsabilidad, se podría llegar a un juicio adversarial con penas privativas de la libertad.

La investigación del macrocaso 07 continuará en los próximos meses, mientras se analiza el conjunto de evidencia que busca esclarecer los hechos ocurridos durante el conflicto armado y, sobre todo, garantizar la reparación y la verdad para las víctimas.

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