Confinamientos en Colombia aumentaron 102% en 2024, según el CICR
Además, el CICR mencionó que ese porcentaje deja a 88.874 personas atrapadas en territorios en donde hay creciente uso de artefactos explosivos y alto riesgo para la población civil.
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Foto: Suministrada.
El más reciente informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) alerta sobre el incremento de las restricciones de movilidad en varias regiones de Colombia.
De acuerdo con el documento, el confinamiento de comunidades creció un 102 % con respecto al año anterior, afectando a 88.874 personas en 12 departamentos. Este dato supone el nivel más crítico registrado en los últimos ocho años.
El endurecimiento de la confrontación en territorios con fuerte presencia de grupos armados y la reconfiguración de esos actores han llevado a que las familias vivan “día a día con el temor de sufrir los efectos de los conflictos armados y la violencia”, según advierte el CICR.
En zonas como Chocó, donde el 41 % de la población confinada se concentra, las comunidades ven vulnerados derechos básicos como el acceso a alimentos y servicios de salud.
Otras afectaciones también han alcanzado cifras alarmantes. El uso de artefactos explosivos provocó 719 víctimas entre heridas y fallecidas, un 89 % más que en 2023, constituyendo “el número más alto reportado en los últimos ocho años”. Asimismo, la violencia sexual y el reclutamiento de menores continúan dejando profundas secuelas en las comunidades que viven en áreas remotas y con escasa presencia institucional.
Para el CICR, la protección de la población civil debe ser prioritaria en cualquier escenario, recalcando que “el cumplimiento del derecho internacional humanitario no puede estar condicionado a la existencia de negociaciones de paz”. El organismo también llama a fortalecer los mecanismos de ayuda estatal, la búsqueda de personas desaparecidas y la adopción de medidas preventivas frente a la creciente violencia.
Además de las urgencias humanitarias, la crisis se agrava por la falta de respuesta oportuna en la atención de las víctimas, lo que deja un panorama poco alentador para 2025. Aun así, el informe señaló que existen rutas de acción para mitigar el impacto en las comunidades, instando al Gobierno a tomar acciones.
