W Radio conoció en primicia que la Fiscalía General de la Nación asignó, por reparto, al fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia para determinar si hay méritos para investigar al embajador de Colombia en Ghana, Daniel García Carabalí, por los delitos de violencia intrafamiliar agravada, ejercicio arbitrario de la custodia de hijos menores de edad y fraude procesal.

Según se conoció, la designación del fiscal que asumirá este caso se dio luego de que el abogado Felipe Alzate, defensor de la presunta víctima, interpusiera una tutela contra la fiscal Luz Adriana Camargo, por las demoras en el trámite de la denuncia, radicada hace más de un mes.

Entre los argumentos expuestos en la acción constitucional se encuentran la vulneración de los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la verdad, a la justicia y a la reparación.

W Radio conoció que el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá admitió la tutela y, posteriormente, se dio a conocer el fiscal que investigará el caso.

¿Qué dice la tutela?

La acción constitucional, de 12 páginas, contiene un recuento detallado de los supuestos hechos que llevaron a Beatriz Niño Endara a interponer una denuncia penal contra su exesposo, el embajador de Colombia en Ghana, Daniel García Carabalí.

En la tutela, interpuesta contra la jefa de la Fiscalía, se advierte que se violaron los derechos de Niño Endara debido a los retrasos en el trámite de la denuncia.

“BEATRIZ JOSEFINA NIÑO ENDARA, actuando en nombre propio, comparezco respetuosamente ante su despacho con el fin de interponer acción de tutela en contra de la fiscal general de la Nación, dra. Luz Adriana Camargo Garzón, y de la Secretaría de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia", dicen.

“Lo anterior, pues habiendo transcurrido más de un mes desde la interposición de mi denuncia en contra del embajador Daniel García Carabalí por los presuntos delitos de violencia intrafamiliar agravada, ejercicio arbitrario de la custodia de hijos menores de edad y fraude procesal, a la fecha ni siquiera se ha asignado el caso a ningún despacho, lo que configura una omisión injustificada e inexplicable por parte del ente acusador”, se lee en el documento.

Asimismo, advirtió que:

“Dicha demora vulnera de manera directa y flagrante mis derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la verdad, a la justicia y a la reparación, consagrados en la Constitución Política y la Ley, así como las garantías fundamentales de mis dos hijos menores de edad, pues, a la fecha, ellos siguen fuera del país y alejados de su esquema familiar”.