Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a miembros del Tren de Aragua
La Ley de Enemigos Extranjeros no ha sido invocada en EE.UU. desde la II Guerra Mundial (1939-1945).
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE. / YURI GRIPAS / POOL
El presidente estadounidense, Donald Trump, invocó este sábado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar las deportaciones masivas de los integrantes de la banda transnacional Tren de Aragua.
Su orden ejecutiva subrayó que el Tren de Aragua “está perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio” y que todos los venezolanos mayores de 14 años que pertenezcan al mismo, se encuentren en Estados Unidos y no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales, están sujetos a ser detenidos, retenidos y expulsados en calidad de enemigos extranjeros.
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La Ley de Enemigos Extranjeros no ha sido invocada en EE.UU. desde la II Guerra Mundial (1939-1945), cuando se usó para detener a estadounidenses de origen japonés, en uno de los episodios más oscuros de racismo contemporáneo.
El líder republicano consideró que el Tren de Aragua “está llevando a cabo acciones hostiles y una guerra contra el territorio de Estados Unidos tanto directamente como bajo la dirección clandestina o de otro tipo del régimen de (Nicolás) Maduro en Venezuela”.
Trump declaró que todos los miembros de ese grupo, en virtud de su membresía, están acusados de hostilidad real contra Estados Unidos y son un peligro para la paz pública o la seguridad del país.
La orden ejecutiva subrayó que a esos integrantes no se les permitirá la residencia en Estados Unidos y pidió a todos los departamentos y agencias ejecutivas que colaboren con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para utilizar todos los medios legales para llevarla a cabo.
Esa directiva añadió que toda propiedad perteneciente a “enemigos extranjeros” que se use o se pretenda usar para perpetrar “la actividad hostil” del Tren de Aragua estará sujeta a incautación y decomiso.
El pasado febrero la Administración de Trump cumplió su amenaza electoral y declaró como grupo terrorista extranjero a esa banda junto a los principales carteles de la droga de México y la pandilla centroamericana Mara Salvatrucha (MS-13).
La orden de este sábado sostuvo que el Tren de Aragua opera en conjunto con el Cartel de los Soles y “ha participado y continúa participando en la migración ilegal masiva a EE.UU. para promover sus objetivos de perjudicar a los ciudadanos estadounidenses, socavar la seguridad pública y apoyar el objetivo del régimen de Maduro de desestabilizar las naciones democráticas de América, incluido Estados Unidos”.
Esa directiva atribuyó a Maduro el liderazgo del Cartel de los Soles y criticó que a lo largo de los años las autoridades nacionales y locales venezolanas hayan cedido un control cada vez mayor sobre su territorio a organizaciones criminales transnacionales como el Tren de Aragua, lo que a su juicio ha resultado en “un estado criminal híbrido” que perpetra dicha “invasión” sobre Estados Unidos.
Trump destacó que como presidente y comandante en jefe es su “solemne deber” proteger a los estadounidenses de “los devastadores efectos” de la misma, razón que le lleva a aplicar la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros.
Esa ley permite las deportaciones sin una audiencia y, según el Centro de Pensamiento Brennan, se ha invocado solo en tres ocasiones en la historia del país, todas ellas en tiempos bélicos: la guerra de 1812 y la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial se utilizó para justificar las detenciones y expulsiones de inmigrantes alemanes, austrohúngaros, italianos y japoneses, y durante la Segunda jugó un papel en la política estadounidense de internamiento de japoneses.
Ese instituto no partidista de derecho y política recuerda que el presidente puede invocarla en caso de guerra declarada o cuando un gobierno extranjero amenaza o lleva a cabo una invasión contra territorio estadounidense.
La Constitución otorga al Congreso, no al mandatario, la facultad de declarar la guerra.
Este debe esperar a una votación en el Congreso para invocar dicha ley en base a una guerra ya declarada, pero no necesita esperar a dicho trámite ante “una amenaza o una invasión en curso”.