MinSalud recusó al magistrado Reyes Cuartas por declaraciones sobre crisis en salud
En una entrevista que dio el magistrado, este aseguró que pesar de estar afiliado a una EPS con medicina prepagada desde 1997, nunca antes había tenido que interponer una tutela para recibir un tratamiento.
Magistrado José Fernando Reyes Cuartas
El Ministerio de Salud presentó una recusación contra el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, argumentando que sus declaraciones públicas sobre la crisis financiera del sistema de salud podrían afectar su imparcialidad en decisiones futuras.
En el documento de recusación, el Ministerio señala que las afirmaciones de Reyes Cuartas, especialmente en una entrevista televisiva, podrían constituir un prejuzgamiento sobre temas aún pendientes en el seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008.
El magistrado manifestó públicamente que el sistema de salud enfrenta una crisis financiera debido a la insuficiencia de recursos, lo que, según el Ministerio, podría comprometer su objetividad al abordar estos asuntos en la sala.
El Ministerio de Salud solicitó a los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Miguel Polo Rosero que inicien el trámite de recusación contra Reyes Cuartas, siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 25 a 31 del Decreto 2067 de 1991, para garantizar el debido proceso en la evaluación de su imparcialidad.
La recusación se centra en una entrevista concedida por Reyes Cuartas al canal RCN, donde relató su experiencia personal al tener que interponer acciones de tutela para obtener medicamentos recetados, a pesar de estar afiliado a una EPS con medicina prepagada desde 1997.
Estas declaraciones, según el Ministerio, podrían interpretarse como una posición anticipada sobre la situación financiera del sistema de salud, afectando la percepción de imparcialidad en sus decisiones. El Ministerio enfatiza que, aunque el magistrado Reyes Cuartas, como ciudadano y usuario del Sistema General de Seguridad Social en Salud, tiene derecho a expresar sus experiencias, su rol exige un comportamiento que garantice su imparcialidad y objetividad en la administración de justicia.
