JEP ordena al alcalde de Sincelejo cumplir protección de cementerio central

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) inició un incidente de medidas correccionales contra el alcalde de Sincelejo, Yahir Fernando Acuña Cardales, debido a la falta de información acerca del cumplimiento de la orden de custodiar de forma provisional la llamada ‘Manzana 6′ del Cementerio Central de la ciudad. Este lugar es relevante para la investigación de posibles víctimas de desaparición forzada en el marco del Caso 08, que aborda crímenes ocurridos durante el conflicto armado.

De acuerdo con documentos de la JEP, la orden de proteger el cementerio fue emitida el 20 de diciembre de 2024 por la Sala de Reconocimiento de Verdad, exigiendo a la Alcaldía que presentara un reporte sobre los avances y cualquier intervención efectuada en la zona en cuestión. A pesar de establecerse plazos específicos, no se habría recibido respuesta de la administración municipal.

El 5 de febrero de 2025, la JEP emitió una nueva resolución otorgando tres días hábiles para la entrega del informe, advirtiendo sobre la apertura de medidas correccionales en caso de no cumplirse el requerimiento. Sin embargo, nuevamente no habría existido pronunciamiento por parte del ente local.

Ante la falta de respuesta, el despacho relator del Subcaso Montes de María optó por iniciar un incidente de medidas correccionales y otorgó un plazo adicional para que la Alcaldía informe sus acciones. Según la JEP, “las órdenes emitidas a la Alcaldía municipal de Sincelejo deben ser cumplidas de manera estricta y urgente, con el fin de preservar y conservar las estructuras óseas por parte de las autoridades competentes”.

La relevancia de esta diligencia radica en que peritos forenses del Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF), adscrito a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, se alistan para exhumar los restos de al menos una víctima y presumiblemente identificar otros cuerpos correspondientes a víctimas de desaparición forzada. El despacho judicial señala que el retraso en la entrega del informe obstaculiza acciones encaminadas a proteger los derechos de las víctimas y a avanzar en las investigaciones.

El alcalde Acuña dispone de tres días hábiles, a partir de la notificación oficial, para comunicar “su oposición y disenso al trámite” como parte de su derecho a la defensa. El Caso 08 de la JEP incluye indagaciones sobre crímenes perpetrados por miembros de la fuerza pública, otras autoridades del Estado y actores paramilitares o civiles que habrían participado en violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado.