Aunque crisis fuera previsible, su magnitud nos ha desbordado: Defensoría por situación en Catatumbo
La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió en la Cámara de Representantes que la crisis que azota el Catatumbo “se pudo prever” con las alertas tempranas, aunque hoy miles de familias enfrentan una dramática ola de desplazamientos y confinamientos sin precedentes.

Defensora del Pueblo, Iris Marín. Foto Cortesía
En una sesión extraordinaria en la Cámara de Representantes, convocada para revisar el decreto de conmoción interior expedido por el Gobierno de Gustavo Petro en respuesta a la grave crisis que atraviesa la región del Catatumbo, departamento de Norte de Santander, la defensora del Pueblo, Iris Marín, aseguró que los hechos que hoy sacuden a esa zona del país “eran previsibles”, según las alertas tempranas emitidas en meses anteriores, aunque reconoció que el impacto de la situación “nos ha desbordado a todos”.
Durante su intervención, Marín explicó que la Defensoría del Pueblo cuenta con un sistema de alertas tempranas que viene advirtiendo desde hace años acerca de la expansión de grupos armados ilegales en zonas como el Catatumbo.
Precisó, además, que esas alertas se suman a los análisis de seguridad del Gobierno, pero de ningún modo los reemplazan.
Le puede interesar
La defensora puso énfasis en que la ruptura de acuerdos de convivencia entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, sumada a la decisión presidencial de romper el cese al fuego con el ELN, condujo a un escalamiento de enfrentamientos que desencadenó la peor crisis humanitaria en la región en décadas.
Según datos expuestos en la sesión, más de 49.000 personas han sido desplazadas y cerca de 28.000 se encuentran confinadas por los combates, lo que convierte esta emergencia en el mayor desplazamiento forzado masivo reportado en un solo evento desde 1997.
La defensora manifestó que esta cifra supera incluso la que se registró tras la conocida masacre de La Gavarra.
Además, se han documentado 50 homicidios, si bien todavía hay cuerpos que no han sido recuperados de las zonas afectadas.
La Defensoría también denunció el reclutamiento de menores por parte de distintas facciones armadas, y alertó sobre la situación de líderes sociales, docentes, firmantes de paz y misiones médicas, quienes han recibido amenazas o se han visto forzados a huir del territorio.
Marín advirtió que el Catatumbo “hoy no es el mismo” debido a la consolidación de nuevos controles militares y al uso de minas antipersona.
A esto se suma la estigmatización creciente de algunas comunidades que son acusadas de estar alineadas con uno u otro grupo armado. La defensora alertó sobre el riesgo que enfrentan las mujeres, especialmente por la presencia de redes de trata de personas y explotación sexual, así como sobre la situación de miles de niños y niñas que han quedado sin clases. Mencionó que se han suspendido actividades escolares en varios municipios, lo que ha aumentado la vulnerabilidad de la población infantil.
En cuanto a las recomendaciones, la funcionaria anunció que la Defensoría del Pueblo presentará próximamente ante la Corte Constitucional su posición acerca de la constitucionalidad del decreto de conmoción interior.
Sin embargo, desde este momento considera necesario reflexionar sobre la urgencia de adoptar medidas de seguridad pública que garanticen el control territorial y el respeto de los derechos humanos, incluyendo la protección de autoridades locales, personeros municipales y funcionarios de justicia.
También llamó a fortalecer la atención humanitaria integral y sostenible en el mediano y largo plazo, destacando la pertinencia de alojamientos y rutas de protección separadas para grupos en mayor riesgo, como firmantes de paz y líderes sociales.
Por último, la defensora señaló la importancia de que, una vez se recupere el control del Estado en la región, se ponga en marcha con carácter urgente el Pacto Catatumbo, al tiempo que hizo hincapié en que no se deben desatender otras zonas con riesgos similares de escalamiento del conflicto.
Pidió al Congreso, a los organismos de control y a las instituciones del Estado unirse con el objetivo de brindar soluciones reales y sostenibles a la crisis, en lugar de entrar en disputas que impidan una respuesta coordinada. Reiteró su llamado para que los grupos armados ilegales cesen los ataques a la población civil y, finalmente, subrayó la necesidad de preservar los procesos de diálogo con aquellos actores que hayan expresado voluntad de paz.