La CIDH aseguró que el Gobierno de Venezuela comete “terrorismo de Estado”

Desde Washington D.C., en Estados Unidos, donde está ubicada su sede principal, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el principal órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la vigilancia de los derechos fundamentales en el hemisferio, señaló al Gobierno de Venezuela de cometer terrorismo estatal para imponer su poder.

La Comisión “repudia enérgicamente el continuo uso de prácticas de terrorismo de Estado en Venezuela para sembrar miedo y ejercer control sobre la población”, afirmó a través de un comunicado de prensa en el que condenó los crímenes ampliamente denunciados por la oposición y las personas defensoras de derechos humanos en la víspera de la toma de posesión del 10 de enero.

Este viernes, tanto el cuestionado declarado ganador por las autoridades electorales, Nicolás Maduro, como el principal candidato de la oposición, el exiliado Edmundo González, buscarán tomar juramento como mandatarios luego de los comicios de julio del año pasado, tras los cuales se desataron varias protestas con al menos veinte muertes y más de dos mil detenciones.

Las jornadas de manifestaciones estuvieron plagadas de denuncias de arrestos arbitrarios y violaciones de derechos humanos, como ocurrió también este 9 de enero, cuando la inhabilitada para participar en política y principal figura antichavista María Corina Machado fue interceptada con violencia por las fuerzas de seguridad, como denunciaron ella misma y su partido.

Ante los masivos llamados a la comunidad internacional, la CIDH le pidió al régimen de Maduro “cesar de manera inmediata la persecución contra personas opositoras, defensoras de derechos humanos y periodistas”, además de “liberar de forma inmediata a todas las personas detenidas por motivos políticos en el país”, como el excandidato presidencial Enrique Márquez.

El organismo internacional calcula, de acuerdo con cifras de organizaciones de la sociedad civil y medios locales, que al menos dieciocho personas han sido víctimas de “detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas” desde el 7 de enero de 2025, cuando las autoridades venezolanas detuvieron a Márquez, un opositor que rechazó los resultados de las elecciones a favor de Maduro.

Además de Márquez, la CIDH listó en su lista de personas “afectadas” a Carlos Correa, director de la organización Espacio Público y un “destacado defensor de derechos humanos”, como lo calificó el presidente Gustavo Petro al decir que no asistirá a la posesión del dirigente chavista. Entre los nombres también aparece Marianela Ojeda, parte de Vente Venezuela en Pampanito.

Francisco Graterol, secretario político de Vente Venezuela en el mismo municipio; Alejandro Briceño, hijo de “un conocido dirigente de Acción Democrática en el estado Trujillo”; Darío Durán, activista de la campaña de Edmundo González; Roberto Rea, activista; Rafael Tudarez, yerno de González, también fueron enumerados por la Comisión junto a otros detenidos.

“Las denunciadas detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, llevadas a cabo días antes de las manifestaciones pacíficas convocadas por la oposición en rechazo a la ilegítima toma de posesión presidencial de Nicolás Maduro, reflejan una nueva ola del patrón represivo señalado por la CIDH”, remachó la entidad, que se ha pronunciado en varias ocasiones sobre el autoritarismo del país vecino.

Según las acusaciones recopiladas por la Comisión, los hechos han sido propiciados por “individuos encapuchados, sin identificación visible, que se desplazaban en vehículos sin placas”. “Las autoridades han rehusado proporcionar información sobre las personas detenidas, incumpliendo sus obligaciones internacionales, a pesar de los esfuerzos de los familiares”, agregó la CIDH.

“La Comisión urge a las autoridades a informar sobre el paradero de las personas detenidas arbitrariamente, a garantizar su vida e integridad personal, y a liberarlas inmediatamente”, insistió, y junto a su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) solicitó “garantizar el desarrollo pacífico de las manifestaciones convocadas por la oposición”.

Asimismo, recordó, ante la retención de María Corina Machado, reportada incluso por la oenegé internacional Human Rights Watch, que la líder opositora es “beneficiaria de medidas cautelares”. La CIDH mantiene desde 2019 vigilancia sobre Machado y ha persistido en que debe tener garantías para “desempeñar sus actividades de participación política sin ser objeto de amenazas”.