Asociación Colombiana de Sociedades Científicas solicita revocatoria de decreto que rige la UPC 2025
Desde la Asociación aseguran que hay un alto riesgo de déficit fiscal en el sector salud con un incremento de la UPC en 5.36%.
Asociación Colombiana de Sociedades Científicas solicita revocatoria de decreto que rige la UPC 2025(Asociación Colombiana de Sociedades Científicas)
La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) solicitó al Ministerio de Salud la revocatoria de la Resolución 2717 del 30 de diciembre de 2024, que establece el incremento del 5,36% en el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025. Según el gremio, este aumento no corresponde a la realidad financiera del país y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud.
El presidente de la ACSC, Agamenón Quintero Virrareal, afirmó que la metodología utilizada por el Ministerio para definir el nuevo valor de la UPC carece de sustento técnico. En un derecho de petición presentado al Ministerio, la Asociación calificó de “no confiables” los elementos técnicos que sustentaron el cálculo, señalados así incluso por el Viceministerio de Protección Social.
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Además recordaron que la Corte Constitucional ya había advertido, mediante un auto de 2024, sobre la insuficiencia de los valores previos de la UPC y ordenó al Ministerio de Salud implementar una metodología basada en estudios técnicos sólidos para su actualización. Sin embargo, la Asociación señala que MinSalud no cumplió con esta disposición y omitió la publicación previa de los proyectos regulatorios para observaciones, como lo exige el Código de Procedimiento Administrativo.
Quintero aseguró que el incremento propuesto de la UPC está “muy por debajo del costo real de una atención en salud”, lo que afectará la calidad del servicio y las condiciones del Talento Humano en Salud.
Impacto económico alarmante
Un estudio de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) estima que el aumento del 5,36% generará un déficit fiscal de 10,4 billones de pesos en 2025, agravando la ya delicada crisis financiera del sector salud.
Además, las Entidades Promotoras de Salud (EPS), hospitales públicos e Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) privadas enfrentarán serias dificultades. El 10% de la UPC destinado a gastos administrativos no cubrirá el incremento del 9,5% en el salario mínimo decretado para este año, generando una presión insostenible para estas instituciones y sus trabajadores.
“Adicional a la solicitud de revocatoria directa de la Resolución 2717, pedimos que se entreguen los estudios técnicos que respaldan el incremento definido, para analizarlos con urgencia”, destacó Quintero Virrareal.
La ACSC advirtió que el incremento planteado podría desfinanciar aún más el sistema, afectando la calidad y oportunidad en la prestación de servicios. También alertó sobre el riesgo de que se generen barreras adicionales para el acceso a la salud, perjudicando a millones de usuarios en todo el país.
