Militar condenado por la desaparición de la exguerrillera Irma Franco fue expulsado de la JEP
El ex suboficial (r) condenado a 40 años de prisión por desaparición forzada y otros delitos durante la retoma del Palacio de Justicia, negó cualquier responsabilidad en los crímenes por los que se le acusó.
Irma Franco (Foto: Cortesía CAJAR) / Retoma del Palacio de Justicia (Carlos Ávila González / The San Francisco Chronicle via Getty Images)
La Sala de Definición de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) expulsó de este tribunal transicional al sargento mayor del Ejército Ferney Ulmandín Causaya, quien fue condenado a cuatro décadas de cárcel por su responsabilidad en los crímenes ocurridos durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985.
Causaya Peña fue especialmente sentenciado por su participación en la desaparición de la exguerrillera del M-19 Irma Franco Pineda, así como de los señores Carlos Augusto Rodríguez y Bernardo Beltrán Hernández, quienes laboraban en la cafetería del Palacio de Justicia.
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La decisión fue adoptada producto de lo que se consideraron nulos aportes a la verdad del exintegrante del B2 del Ejército, asignado al área de inteligencia. Esto, luego de que Causaya Peña aseverara que, como suboficial, estaba asignado a recoger inteligencia del ELN y no del M-19. Además, que el día de los hechos se limitó a llevar unos radios a la Casa del Florero, mas no participó en las acciones que ocurrieron.
Para la magistratura, la posición del sargento mayor del Ejército se contrapone con los intereses de las víctimas y contra toda la evidencia recaudada por la justicia ordinaria que lo halló responsable por dichas desapariciones forzadas.
En el fallo conocido por La W se lee lo siguiente:
- “Aunque describe sus actividades durante los días de los hechos, su versión no proporciona elementos nuevos ni relevantes que contribuyan a esclarecer su participación y la de terceros en las conductas frente a las cuales la justicia ordinaria determinó su responsabilidad penal, particularmente en las desapariciones forzadas ocurridas durante las acciones militares”.
A juicio de los magistrados, el compareciente incumplió flagrantemente los compromisos que le permitirían mantener los beneficios y no permitió avanzar en el esclarecimiento de los acontecimientos presentados el 6 y el 7 de noviembre de 1985.
De hecho, resaltaron que, en materia de reparación, el sargento mayor Causaya lo único que planteó es que pueda “salir a la luz la verdad” y añadió: “Oro a Dios para que se pueda encontrar la verdad de los responsables de los hechos. Si sucedieron”.
