Mala decisión del Gobierno en 2022 generó déficit de $10.8 billones: ex viceministro de Transporte

Un borrador de resolución del Ministerio de Transporte que contempla el incremento en las tarifas de peajes ha suscitado debate en el sector transportador y en quienes invierten en las concesiones viales. Aunque todavía no es oficial, el documento busca definir cómo se ajustarán los valores de los peajes para cubrir un déficit derivado de la decisión gubernamental de aplazar el aumento en 2022.

Juan Camilo Ostos, ex viceministro de Transporte, expuso su análisis sobre el impacto que tendría una eventual actualización en las tarifas y explicó que gran parte de esta problemática radica en la postergación del ajuste.

“Generó un déficit cercano a los 10,8 billones de pesos, además de haber minado la confianza en la inversión privada, vital para mantener y expandir los 12.000 kilómetros de vías concesionadas”, aseguró.

A juicio del exfuncionario, el panorama se complica porque, de concretarse, el alza en peajes coincidiría con el incremento en los precios de los combustibles.

“La canasta de costos del transporte tiene un 30% en peajes y un 35% en combustibles; subir ambos rubros en conjunto presionaría fuertemente los gastos operativos del sector”, señaló.

De acuerdo con el borrador, el incremento se aplicaría en dos fases, lo que para Ostos podría disminuir el golpe inicial, pero no resolvería por completo la carga económica para transportadores de carga y pasajeros. “Lo ideal sería generar un esquema de tarifas diferenciales y escalonadas para evitar un impacto directo en la inflación. El sector ya advirtió que el encarecimiento simultáneo de peajes y combustible afectaría la reactivación económica”.

Por su parte, la Cámara Colombiana de la Infraestructura expuso que la norma vigente establecía la fecha límite para el ajuste antes del 31 de diciembre de 2024, por lo que considera que la nueva propuesta puede contradecir acuerdos previamente pactados.

Ostos concuerda en que la falta de diálogo podría derivar en reclamos legales costosos para el Estado: “Las concesiones se rigen por contratos a largo plazo, y los inversionistas esperan el cumplimiento de lo firmado para sostener el mantenimiento y la operación de las vías”.

En ese sentido, el ex viceministro subraya la urgencia de establecer una mesa de trabajo que permita conciliar intereses y evitar escaladas de protestas.

“Históricamente, el sector transportador ha demostrado su capacidad de presión; un paro o movilización podría agravar la situación económica y social. El Gobierno, sea cual sea la decisión final, tiene que dialogar con transportadores y concesionarios para que el ajuste sea sostenible y no repercuta en la inflación ni en la conectividad del país”, concluyó.

Aunque el documento sigue en etapa de borrador, la relevancia del tema y el nivel de afectación potencial colocan en la agenda pública la necesidad de un diálogo fluido. Transportadores, empresarios y usuarios esperan una hoja de ruta clara antes de que se adopte una resolución definitiva.

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