Admiten acción popular contra presidente Petro por la grave crisis de seguridad en Arauca

El Tribunal Administrativo de Arauca admitió una acción popular presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FED) contra la Presidencia de la República y los Ministerios de Defensa e Interior.

La demanda busca la protección urgente de los derechos colectivos de los habitantes del departamento de Arauca, quienes están siendo gravemente afectados por el recrudecimiento de la violencia y la falta de control territorial en la región, lo que ha llevado a la expansión de grupos armados ilegales y la sistemática vulneración de derechos humanos.

La acción legal, que fue admitida el pasado 24 de diciembre por el Tribunal, destaca el deterioro de la seguridad en el departamento, señalando que la presencia de grupos al margen de la ley ha aumentado de manera alarmante.

Estos grupos, que operan en el territorio araucano, no solo controlan varias zonas del departamento, sino que también imponen su dominio a través de prácticas violentas, como secuestros, extorsiones, peajes ilegales, desplazamientos forzados, combates, amenazas y el confinamiento de comunidades indígenas.

La Fundación para el Estado de Derecho, a través de un exhaustivo análisis, recopiló diversas alertas emitidas por instituciones nacionales e internacionales, entre ellas la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía, la ONU y las autoridades departamentales, que coinciden en señalar el grave deterioro de las condiciones de seguridad y derechos humanos en la región.

Además, se incluyó un detallado informe de los hechos violentos ocurridos en los últimos años, lo que evidencia la creciente inseguridad y la omisión del Estado en cumplir con sus responsabilidades constitucionales.

Expansión de grupos armados ilegales y vulneración de derechos

La Fundación ha señalado que la expansión del control territorial por parte de grupos armados ilegales en Arauca ha puesto en riesgo la vida, integridad y dignidad de los ciudadanos. Esta situación ha tenido efectos devastadores, especialmente en las comunidades indígenas que habitan la región.

Con una población estimada de 6.398 personas, lo que representa el 39% de la población total del departamento, las comunidades indígenas se enfrentan a severas restricciones de movilidad, inseguridad alimentaria y una amenaza constante a su autonomía cultural y espiritual. Las prácticas de los grupos armados han generado condiciones de confinamiento forzado, privando a estas comunidades de sus derechos fundamentales.

Entre los actos de violencia más reportados en la región, la Fundación destacó las extorsiones en forma de peajes ilegales, secuestros, combates y amenazas, que no solo afectan a la población en general, sino que también afectan gravemente la seguridad y supervivencia de las comunidades indígenas. Además, se ha registrado un alto nivel de desplazamiento forzado, particularmente hacia áreas rurales y fronterizas, lo que ha generado un aumento en la inseguridad y una crisis humanitaria en la zona.

Omisión del Estado y falta de apoyo a la Fuerza Pública

Uno de los puntos clave de la demanda es la acusación de la Fundación sobre la omisión del Estado en el cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales. Según el análisis presentado, el gobierno nacional ha fallado en garantizar la integridad territorial y el orden constitucional en el departamento de Arauca. Esta omisión ha permitido que los grupos armados ilegales operen con total impunidad, lo que ha agravado la situación de seguridad y ha expuesto la incapacidad de las autoridades para garantizar la protección de los derechos de la población civil.

Además, la Fundación ha señalado que las fuerzas de seguridad del Estado no cuentan con los recursos, el respaldo ni las condiciones necesarias para enfrentar de manera efectiva a los grupos armados ilegales en la región. En este sentido, se ha alertado sobre la falta de coordinación y apoyo por parte del gobierno central, lo que ha dejado a la Fuerza Pública en una posición de vulnerabilidad frente a los actores armados ilegales.

La demanda también aborda el incumplimiento de los acuerdos de cese al fuego pactados por algunos de estos grupos con el gobierno, lo que ha perpetuado la violencia y la desestabilización en la región.

Vulneración de derechos colectivos y consecuencias para la población indígena

En su demanda, la Fundación para el Estado de Derecho pidió al Tribunal Administrativo de Arauca que declare vulnerados los derechos colectivos a la paz, la seguridad pública, el goce del espacio público, y la moralidad administrativa en el departamento. En particular, se hace un llamado urgente a proteger los derechos e intereses colectivos de las comunidades indígenas, quienes están sufriendo de manera desproporcionada las consecuencias del conflicto armado en la zona.

Las comunidades indígenas de Arauca, como se ha documentado, están viviendo una crisis humanitaria exacerbada por el conflicto armado. Además de la inseguridad, estas comunidades enfrentan una creciente inseguridad alimentaria debido a las restricciones impuestas por los grupos armados, lo que afecta gravemente su acceso a los recursos naturales que históricamente han sido fundamentales para su supervivencia.

La pérdida de identidad cultural y espiritual también es un factor crítico, pues las comunidades se ven obligadas a abandonar sus territorios ancestrales y sus prácticas tradicionales como consecuencia de la violencia y el desplazamiento.

Un llamado urgente a la acción

La Fundación subraya que, ante la grave crisis de derechos humanos en Arauca, la intervención urgente del Estado es esencial para evitar un mayor deterioro de la situación.

Además de la solicitud de medidas cautelares, se hace un llamado a la ciudadanía y a las organizaciones internacionales para que se mantengan vigilantes ante el agravamiento de la situación y para que se tomen medidas para garantizar la protección de los derechos colectivos de los habitantes de la región.

El Tribunal Administrativo de Arauca ha comenzado a revisar las evidencias y testimonios presentados en la demanda, y se espera que en los próximos días se realicen audiencias en las que se discutan las medidas urgentes a implementar para frenar el agravamiento del conflicto y garantizar la supervivencia de las comunidades afectadas, en particular las indígenas.

El proceso judicial también pone de manifiesto la importancia de la participación ciudadana en la defensa de los derechos humanos, pues es a través de la movilización social y la acción colectiva que se pueden generar cambios en las políticas públicas y presionar al Estado para que cumpla con su deber de proteger a sus ciudadanos, especialmente a los más vulnerables.

Con esta demanda, la Fundación para el Estado de Derecho busca dar un paso crucial en la protección de los derechos fundamentales en Arauca, donde la situación de violencia y desplazamiento ha alcanzado niveles alarmantes.

La crisis de Arauca sigue siendo un reflejo de los retos que enfrenta el país en su lucha contra la violencia y la criminalidad organizada. La respuesta efectiva del gobierno será decisiva no solo para la seguridad en la región, sino también para la protección de la vida y los derechos de las personas que habitan este departamento.