Jaime Miguel González Montaño, expresidente de la EPS Coosalud, interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el superintendente de Salud, Giovanni Rubiano, y la superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro, por los delitos de injuria y calumnia agravada.

Esta acción legal se da en medio del creciente escándalo de corrupción que involucra a esta EPS.

Los hechos detrás de la denuncia

Según el documento oficial de la querella, todo surgió durante una rueda de prensa realizada el pasado 6 de diciembre por Rubiano García . Durante este evento, el superintendente presentó los “primeros hallazgos” tras la intervención administrativa forzosa de Coosalud, ejecutada el 22 de noviembre de 2024. En la intervención, Rubiano señaló presuntas irregularidades en un contrato firmado en diciembre de 2022 entre Coosalud Inversa S.A., una filial de la EPS, y el banco GNB Sudameris. En dicha rueda de prensa, el superintendente afirmó que la EPS Coosalud, con recursos públicos, había actuado como garante en un crédito de $206 mil millones otorgado a una empresa privada, calificando esta práctica como “irregular” y denunciando posibles actos de corrupción.

Jaime González Montaño, quien presidía la EPS en el momento de la firma del contrato, alega que estas declaraciones son falsas y han afectado gravemente su reputación profesional. Según el denunciante, el negocio jurídico se llevó a cabo dentro del marco legal vigente y fue necesario debido al déficit financiero del sistema de salud colombiano, agravado por deudas del Gobierno Nacional y entes territoriales.

Acusaciones contra Rubiano y Navarro

La denuncia también señala que tanto Rubiano García como María José Navarro Muñoz, en declaraciones posteriores realizadas el 19 de diciembre, habrían reforzado los señalamientos de corrupción contra Coosalud y su expresidente. González Montaño argumenta que estas acusaciones son interpretaciones erróneas de los hechos y carecen de sustento legal.

En el texto de la querella, el abogado de González, Julián Quintana Torres, solicita: La citación inmediata de los querellados a una audiencia de conciliación, una retractación pública y la eliminación de las publicaciones en redes sociales donde se realizaron los señalamientos y de no lograrse la conciliación, la continuación del proceso penal para determinar la responsabilidad de los acusados en los delitos de injuria y calumnia agravada.

Coosalud, una de las EPS más grandes del país, fue intervenida tras revelarse problemas financieros y de gestión que, según el superintendente Rubiano, ponían en riesgo la prestación de servicios a sus afiliados. Por su parte, González Montaño sostiene que las afirmaciones del superintendente son parte de un ataque desproporcionado que busca desviar la atención de los problemas estructurales del sistema de salud.

Ahora será la Fiscalía la que entre a evaluar los elementos probatorios aportados por González, incluyendo las grabaciones de las ruedas de prensa realizadas por Rubiano y Navarro, para determinar si hay lugar a una imputación formal. Este caso podría marcar un precedente en el manejo de las relaciones entre los entes de control y las entidades reguladas, así como en el equilibrio entre las declaraciones públicas y la presunción de inocencia.